La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) expuso este miércoles un crítico panorama sectorial ante la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la reunión informativa, la conducción sindical denunció que se perdieron 91.000 puestos de trabajo registrados en la industria desde el inicio de la gestión del gobierno libertario, señalando que más de la mitad de esas bajas corresponden de forma directa a la parálisis de los proyectos de infraestructura habitacional.
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El debate legislativo estuvo presidido por el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) y contó con la participación de cámaras empresariales, institutos provinciales de vivienda y especialistas técnicos. El eje del encuentro se concentró en auditar el impacto del freno a la inversión pública, el desmantelamiento de los programas de vivienda social y el estatus técnico tras la desregulación de los planes PROCREAR.
Vivienda social: el motor de mano de obra intensiva, completamente frenado
El director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, fue el encargado de detallar la magnitud del impacto laboral en los frentes de obra de todo el país. Según el especialista, el freno a la obra pública civil golpeó el núcleo más sensible del empleo gremial:
"De los 91.000 puestos formales perdidos en la industria de la construcción, entre 35.000 y 50.000 corresponden a trabajadores dedicados a la construcción de viviendas, y en particular a la vivienda social, que es mano de obra intensiva en comparación con las obras viales".
Además del reclamo cuantitativo, Gándara solicitó a las autoridades nacionales la unificación de datos oficiales fiables sobre la ejecución de planes habitacionales y propuso crear un estándar normativo que simplifique las burocracias provinciales y municipales que traban los desarrollos inmobiliarios. En el plano laboral, alertó sobre la "ausencia total de políticas de formación" estatal para la recalificación técnica de los obreros que quedaron desocupados en este cambio de ciclo económico.
El acceso al techo propio como "un lujo" y el debate por una Ley Federal
Por el sector empresario expuso el titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Iván Szczech, quien analizó las severas restricciones que enfrenta el mercado inmobiliario corporativo. Szczech advirtió que el fuerte incremento del costo en dólares del metro cuadrado terminó por bloquear las iniciativas de desarrollo del sector privado, concluyendo de forma tajante que "hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos".
Ante el retiro del financiamiento del Tesoro Nacional, los funcionarios provinciales reclamaron un marco regulatorio que de previsibilidad al sector en el mediano plazo:
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Pedido de Ley Nacional: El presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat de Santa Fe, Lucas Crivelli, planteó como urgente el diseño de una Ley Nacional de Vivienda. Su propuesta apunta a articular herramientas de financiamiento conjunto entre las provincias, las comunas, las entidades bancarias y el sector inmobiliario privado para reducir a un plazo de 10 o 15 años el histórico déficit habitacional del país.
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Fallas del mercado: En sintonía, la titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) de La Pampa, Érica Riboyra, cuestionó la premisa de la desregulación absoluta al advertir que "cuando el Estado se corre, no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema", ratificando la necesidad de sostener políticas públicas de inclusión habitacional para los sectores de ingresos medios y bajos.
