La crisis económica que atraviesa la República Argentina afecta directamente al sector de la producción. Con base en una encuesta elaborada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el 47,5% de las compañías encuestadas admite enfrentar problemas para saldar al menos una de sus obligaciones esenciales, lo cual revela un panorama crítico en la cadena de pagos.
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El informe detalla que las dificultades repercuten en el pago de salarios, proveedores, impuestos y servicios. Además, advierte que en el 8,2% de los casos, las empresas tienen inconvenientes en todos estos rubros al mismo tiempo.
Falta de liquidez y contracción del consumo
Uno de los motivos principales detrás de este deterioro es la marcada contracción del consumo interno, la cual ha mermado los ingresos de las firmas y ha tensado su flujo de caja. Esta coyuntura deriva en una notable falta de liquidez, un fenómeno evidenciado por el incremento en los cheques rechazados.
De acuerdo con la información recabada por la UIA, durante el último trimestre, los rechazos de cheques aumentaron entre un 30% y un 40%, un indicador que usualmente anticipa un mayor índice de incumplimientos en la cadena de pagos.
Impuestos y proveedores, los compromisos más comprometidos
La entidad industrial señaló que los mayores inconvenientes se concentran en el abono de impuestos (29,3%) y a proveedores (26,7%), dos compromisos fundamentales para la subsistencia del entramado productivo.
Si bien la situación es particularmente grave para las pymes, que disponen de una menor capacidad financiera, este fenómeno también afecta a grandes compañías y a contratos de mayor volumen.
Un ejemplo destacado es el de Bodega Norton, que acumuló más de 40 cheques rechazados por un monto cercano a los $618 millones, según consta en los registros bancarios.
Alarma sobre la cadena de Pagos
La preocupación se extiende a otras áreas. Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), alertó que la cadena de pagos “se empieza a doblar y a complicar”, en declaraciones al diario Clarín.
Según diversos analistas consultados, la crisis posee un origen estructural. A la caída de la actividad se añade la extensión de los plazos de cobro del Estado, los cuales pasaron de los habituales 30 a 45 días a períodos de 60 a 90 días. Esta dilación agudiza la falta de capital de trabajo, especialmente en la base de la pirámide productiva.
El diagnóstico de la UIA refuerza la inquietud del sector empresarial sobre la viabilidad del entramado industrial, en un marco de recesión, baja demanda y restricciones financieras que ponen en peligro la continuidad de miles de empresas en todo el país.
