El sábado el gobierno de Milei comienza a implementar el anunciado “reordenamiento” energético, que se presenta bajo la premisa de “promover la transparencia, competencia y sustentabilidad en el sector”. Este cambio implica una transición tarifaria eléctrica que busca una recomposición de ingresos del sistema y un impacto en la accesibilidad y asequibilidad de las tarifas eléctricas.
La Resolución 400 de la Secretaría de Energía, publicada el 21 de octubre, restablece el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), lo que implica un regreso al modelo de desregulación y dolarización de los años '90. Este nuevo mecanismo concentrará aún más el mercado energético, lo que podría afectar la capacidad de los hogares para afrontar los costos de las tarifas eléctricas, que intentan volver a ser valorizadas en dólares.
La medida contempla el retiro gradual del Estado y de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) como intermediario entre generadores y distribuidores. Se instalarán “los precios marginales como referencia central” para el costo de las tarifas, lo que busca eliminar los precios administrados establecidos desde la crisis de 2001.
Esta resolución establece un sistema de señales de precios que permita a la demanda gestionar su abastecimiento a través de contratos en el Mercado a Término (MAT). Esto significa que empresas y consumidores podrán hacer contratos con las prestadores donde acuerdan precios y condiciones de suministro de energía a largo plazo. Con esos contratos MAT, cada consumidor podría negociar directamente con la empresa proveedora de energía la tarifa que le convenga. Esto les permite acordar condiciones específicas, como el precio de la electricidad y los plazos de suministro, adaptándose a sus necesidades.
Anuncio de aumentos tarifarios
En paralelo a esta reforma, el Gobierno ha decidido avanzar con una liberación gradual de tarifas para reducir subsidios y ajustar las cuentas públicas. A partir de noviembre, el gas aumentará un 3,8% promedio a nivel nacional, y se anticipan subas en electricidad, combustibles, agua y transporte en las próximas semanas.
La Resolución 433 de la Secretaría de Energía oficializa estos nuevos cuadros tarifarios, marcando el fin de los aumentos mensuales menores al 2% que se aplicaron durante el semestre electoral. Además, se incrementará el recargo del Fondo Fiduciario para Subsidios de Gas, afectando especialmente a las zonas frías del país.
El Gobierno también ha actualizado los impuestos a los combustibles, lo que impactará en los precios de la nafta y el gasoil, y se prevén ajustes en las tarifas de colectivos y trenes a nivel nacional. Estos aumentos están diseñados para alinearse más con los costos reales y no con la contención electoral, lo que podría generar un impacto significativo en la economía de los hogares y pequeñas empresas.
