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¿Cómo sigue la economía tras el retiro de la Ley Ómnibus?

Tras el retiro de la Ley Ómnibus, tambalea el programa económico del gobierno del Gobierno de Milei. ¿Cómo piensa Caputo agudizar el ajuste para cumplir el objetivo de cerrar el déficit fiscal en este 2024?

Domingo, 11 de febrero de 2024 a las 22 49,

Por Sergio Chouza

Economista y docente UBA/UNdAv

Domingo, 11 de febrero de 2024 a las 22 49,

El retiro de la Ley de Bases fue inesperado porque el Ejecutivo y el Parlamento habían invertido mucho tiempo en su tratamiento. Es cierto que su texto había quedo desnaturalizado tras los sucesivos recortes, pero no dejaba de ser una señal importante sobre la posibilidad de conseguir los consensos necesarios para aplicar el programa económico libertario. En los días posteriores al fracaso legislativo, el Ministro Caputo se encargó de aclarar que la mayor parte del diseño macro de este año se formuló con independencia de la Ley Ómnibus. En las próximas discutimos esta premisa y presentamos los números de las cuentas públicas en el inicio del 2024.

El primer impacto negativo de la marcha atrás legislativa se encapsuló rápidamente. El miércoles (día posterior al retiro del Proyecto de Ley) se suscitó un sell off importante de los activos argentinos con caídas de hasta el 10% en los ADRs de empresas nacionales y 4% promedio para los bonos soberanos en moneda extranjera. Ese día los dólares libres aumentaron, pero en una magnitud acotada de solo 2%, lo cual llamó la atención porque se esperaba mayor presión alcista. Tal es así que en los días posteriores la suba se revirtió y se convirtió en una caída consolidada del 5,2% del MEP en la semana. También se estabilizaron las cotizaciones de bonos y acciones, que dejaron de caer. El reducido impacto parece responder a la confianza que el mercado aún mantiene sobre el programa del Ministro Caputo. El ancla fiscal sigue en el centro del objetivo oficial. Va a ser el parámetro de evaluación sobre el éxito de la política económica en el primer año, y ya nadie duda del compromiso del Gobierno por alcanzar el equilibrio, amén de pagar todo tipo de costos políticos para su consecución.

Los primeros números de enero sobre la ejecución del presupuesto (base caja) y la recaudación de impuestos marcan un superávit significativo en el orden primario. Superó el billón de pesos y alcanzó para cubrir en exceso los altos intereses de la deuda pagados en el primer mes del año, dados los servicios de la deuda soberana en dólares. Si bien enero suele ser un mes estacionalmente liviano en materia de gastos, el superávit financiero excede en un 77% al alcanzado durante el mismo período del año pasado. Además, contrasta con el elevado déficit de diciembre (superó los $5,3 billones totales), cuando se acumulan las erogaciones excepcionales de cada fin de año. Entre las principales partidas agregada se destaca una caída de los ingresos corrientes del 1,3% interanual contra la inflación, pero con una merma de mayor magnitud en los gastos corrientes, que disminuyeron 10,5% en términos reales. Paradójicamente la ejecución del Presupuesto en enero fue mayor que en años previos (cinco puntos porcentuales sobre el promedio 2019/23). Es fruto de un Presupuesto de gastos brutalmente licuado en términos reales, al prorrogar el vigente durante el año previo.

En el detalle sobre los recursos del sector público nacional se destaca para el mes de enero un aumento del 15% real en los ingresos impositivos. La causa de este buen resultado hay que buscarla en las cuentas externas, en un mes favorable para liquidar saldos exportables por la mejora en el tipo de cambio y el riesgo de una posterior suba de las retenciones. Es así que los derechos de exportación subieron 88,5% en términos reales, mientras que la recaudación por el impuesto PAÍS se disparó 411,6% contra la inflación. Este desempeño extraordinario se explica por la suba de alícuotas con aplicación generalizada para bienes y servicios. Este impuesto sigue siendo el eje de la discordia, por el reclamo sostenido de los gobernadores para que se coparticipe y poder compensar lo perdido por ganancias. En enero también el IVA traccionó la mejora de las arcas públicas, con un alza real del 13,1% interanual, producto del aumento de las percepciones aduaneras. A pesar del crecimiento de la recaudación consolidada, otros impuestos como Bienes Personales (-61,4% interanual real), Combustibles (-43,8% ir), Ganancias (-40,3% ir) y Cheques (-2,7% ir) se desempeñaron a la baja. Será fundamental seguir los próximos meses la respuesta de estas partidas en función a la profundización de la recesión económica.

La mejora de los ingresos impositivos en enero fue compensada por el resto de los componentes. Por caso, los aportes y contribuciones de la seguridad social el derrumbaron 26,5% interanual real, producto de la menor solidez de los salarios. Esta virtual paridad exigió extremar el ajuste sobre los diferentes rubros del gasto, algunos de los cuales presentaron desplomes significativos. Por caso, el promedio de aplicaciones se contrajo 30,8% interanual contra inflación, acelerando la prudencia fiscal en relación a diciembre. Se debe volver a los meses de salida de la pandemia para encontrar un recorte de semejante magnitud, aunque buena parte del trabajo sucio lo está haciendo la inflación. Dada la falta de actualización de partidas, el mero efecto del aumento de precios garantiza la licuación de los saldos reales. Con todo, en el primer mes del año se registró una retracción real del 32,8% interanual en Prestaciones Sociales (donde se destacan las jubilaciones y pensiones), del 18% en Gastos de Personal, del 53,3% en Transferencias a Provincias y del 16,5% en Transferencias a Universidades, entre otros. Los únicos bloques del gasto con aplicaciones al alza en enero fueron los pagos por intereses (+139,1% interanual real) y los subsidios al transporte (+144,9% ir), cuya incidencia se va a minimizar a futuro, dada la reciente eliminación del Fondo Compensador.

Hacia delante, uno de los interrogantes es la sensibilidad de la actividad productiva frente a la contracción fiscal del sector público. Los primeros números vinculados a la economía real bajo la gestión de Javier Milei no son buenos. La industria manufacturera en diciembre presentó una merma de la actividad promedio del 12,8%. Todos los ítems del indicador tuvieron un desempeño bajista, donde se destaca la menor producción en metales (-28,6%), muebles (-26,6%) y minerales no metálicos (-18,7%). La dinámica comercial tampoco es un colchón confortante en un contexto de achicamiento general. La gremial empresaria CAME en su último indicador de ventas en comercios minoristas dio cuenta de un derrumbe del 28,5% en las cantidades comerciadas por las empresas PyME. El derrotero negativo no empezó con el Gobierno de Milei, pero las magnitudes del 2023 habían sido tanto más módicas (2,9% a la baja), a pesar de las complejidades de los shocks exógenos. En cualquier caso, la respuesta del consumo y la producción respecto al enfriamiento de la economía depende de muchas más variables. Serán claves las señales que el Ejecutivo pueda transmitir al sector privado para reforzar la credibilidad sobre el programa de Gobierno.

El Plan Licuadora seguirá en marcha, pase lo que pase en el plano institucional. El ancla salarial y la caída del PBI siguen siendo las principales apuestas para disciplinar la demanda agregada y pinchar la inflación. El Gobierno parece entender que todo costo político a pagar es bajo en relación a los eventuales réditos por desinflar. No está claro que un ajuste de la magnitud proyectada logre la suficiente consistencia macro, ni la viabilidad política necesaria. Esa incertidumbre se va a ir despejando con el paso de los meses, conforme el Gobierno pueda mostrar que la recesión no dinamita los niveles de recaudación necesarios para cerrar el déficit ni detona el clima social en la calle.

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