La crisis política y social en Bolivia alcanzó un nuevo pico de tensión. Columnas de campesinos, mineros e indígenas aymaras (incluyendo a los Ponchos Rojos) confluyeron en el centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Te puede interesar
La movilización, que buscaba ingresar a la Plaza Murillo —sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo—, fue repelida por la Policía Nacional con un intenso despliegue de gases lacrimógenos y camiones hidrantes, dejando un saldo de manifestantes afectados y una atmósfera de extrema hostilidad en la capital.
Los manifestantes acusan al gobierno de Paz, quien asumió en noviembre de 2025, de haber "traicionado" sus promesas de campaña y de gobernar mediante decretos que ignoran a los sectores rurales y pueblos originarios. A los reclamos salariales originales liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), se sumaron demandas de reforma agraria y el rechazo a la escasez de combustibles.
Además, sectores afines al expresidente Evo Morales se han movilizado para rechazar reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo actual, mientras el oficialismo denuncia que las protestas son fogoneadas por el exmandatario para desestabilizar la gestión.
Emergencia Sanitaria: El drama de las ambulancias bloqueadas
La situación más crítica, sin embargo, se vive en las rutas del país. El Ministerio de Salud de Bolivia confirmó que ya son cuatro las personas fallecidas debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna a causa de los piquetes. El caso que más conmoción causó fue la muerte de un niño de 12 años en Potosí.
El menor, que presentaba un cuadro de trauma abdominal grave, era trasladado desde Llallagua hacia la capital departamental, pero los bloqueos obligaron a la ambulancia a desviarse hacia Oruro; el niño falleció durante el trayecto tras horas de demora.
Ante este escenario, el Ministerio de Salud declaró el estado de emergencia en los hospitales públicos debido al desabastecimiento de oxígeno medicinal, medicamentos y alimentos.
Las autoridades pidieron con urgencia la apertura de corredores humanitarios para permitir el paso de suministros esenciales y vehículos de emergencia, advirtiendo que las reservas de insumos críticos en ciudades como La Paz y Cochabamba están al límite.
Por su parte, la postura oficial del Gobierno boliviano llamado al diálogo condicionado, mientras ratifica el uso de la fuerza pública para intentar desbloquear las rutas y restablecer el orden. Mientras el oficialismo denuncia un intento de desestabilización política, los sectores movilizados radicalizaron sus medidas de fuerza, advirtiendo que no abandonarán las calles hasta que se produzca un cambio de rumbo en la gestión o se logre la salida del mandatario.
