El reloj empezó a correr en Hamburgo. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó las audiencias orales para el 10 y 11 de noviembre, en el caso que enfrenta a la Argentina contra el Reino Unido por la explotación de petróleo en la cuenca norte de las Islas Malvinas.
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La orden, firmada por el presidente del tribunal, el juez Maurice Kamga, establece que las sesiones serán públicas y se transmitirán en vivo por la web del organismo.
La decisión llega exactamente una semana después de que el gobierno de Javier Milei formalizara su solicitud de medidas provisionales, el pasado 13 de octubre.
La presentación, de 49 páginas y firmada por el embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal, fue elaborada en conjunto con la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica. El objetivo es claro: frenar el avance del proyecto Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.
El Tribunal del Mar escuchará a Argentina y al Reino Unido por el proyecto Sea Lion en noviembre
En concreto, la Argentina le pide al ITLOS que le ordene al Reino Unido cuatro puntos clave: impedir el inicio o la continuación de la explotación petrolera en la zona; abstenerse de utilizar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; cesar de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales; y no otorgar nuevas autorizaciones que puedan agravar el conflicto. Una decisión favorable al país sería de cumplimiento obligatorio para Londres.
El yacimiento en disputa, Sea Lion, se encuentra a unos 198 kilómetros al norte de las islas, dentro de la licencia PL032. El proyecto está liderado por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% de la iniciativa, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Ambas empresas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y pusieron como objetivo comenzar la producción en el primer trimestre de 2028.
La estrategia británica no se limitó a esperar la audiencia. El Reino Unido anunció que utilizará su legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a las empresas que operan en el yacimiento frente a las sanciones argentinas.
Además, según informó The Guardian, Londres le pidió a Interpol que rechace los pedidos de notificaciones rojas contra personas vinculadas a Sea Lion, calificándolos como "políticamente motivados".
Una jugada que el gobierno argentino ya calificó como "una mera repetición de argumentos previamente planteados".
La historia de este conflicto tiene un largo recorrido. Todo comenzó el pasado 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y notificó formalmente a Londres.
La advertencia fue explícita: si en dos semanas no se frenaba la explotación, la Argentina acudiría a Hamburgo. El plazo venció el 12 de octubre sin cambios e
