Los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizarán cuatro jornadas de paro durante las próximas semanas, una medida que afectará el funcionamiento de las facultades y otras dependencias académicas.
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La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) confirmó que las protestas se desarrollarán el miércoles 28 de octubre, el martes 3 de noviembre, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre.
El reclamo central apunta a exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y una respuesta frente al deterioro presupuestario y salarial que atraviesa el sistema.
Reclamos por salarios y presupuesto
La medida fue definida en el marco de una reunión del Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que reunió durante casi cuatro horas a representantes de 54 organizaciones sindicales.
La federación reclamó que los recursos necesarios para sostener el sistema universitario sean incorporados al Presupuesto Nacional 2027.
También cuestionó que representantes de las universidades públicas no pudieran participar de una reunión de la Comisión de Presupuesto por decisión de legisladores de La Libertad Avanza y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Además, FATUN resolvió avanzar con acciones judiciales ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los montos correspondientes a la garantía salarial sean incorporados a los salarios básicos de los trabajadores.
La organización también denunció una vulneración del derecho a la protesta, la libertad sindical y el ejercicio de la huelga durante la Marcha Federal realizada el 15 de octubre.
La disputa judicial por la ley universitaria
En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revisará la multa de $100.000 diarios impuesta al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La sanción había sido dispuesta por el juez federal Martín Cormick y alcanza al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por cada jornada de incumplimiento.
Sin embargo, la aplicación de la multa quedó suspendida provisoriamente después de que el tribunal aceptara una apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano.
La Cámara también deberá analizar si el Ejecutivo cumple con la medida cautelar que ordenó implementar la norma.
