El juez de Garantías de La Plata Juan Pablo Masi dictó la prisión preventiva de once agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), acusados de participar en presuntas torturas y abusos sexuales contra internas de la Unidad Penal N°51 de Magdalena.
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La resolución, fechada el lunes 28 de septiembre, convirtió en prisión preventiva las detenciones de once de los quince penitenciarios arrestados durante la investigación. El magistrado también rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas.
La medida no se cumplirá dentro de una cárcel. Los imputados permanecerán bajo arresto domiciliario y con monitoreo electrónico, una vez que sus defensas informen los domicilios y estos sean evaluados por la Dirección de Monitoreo Electrónico del SPB.
Hasta que se complete ese procedimiento y la decisión quede firme, los agentes continuarán alojados en los lugares donde se encuentran detenidos actualmente.
Quiénes quedaron con prisión preventiva
La medida alcanza a Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailín Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Miguel Ángel Eduardo Villota y Lucas Germán Dama.
La resolución establece de manera provisoria diferentes grados de intervención para cada uno de ellos en los delitos investigados. El juez consideró que existen elementos e indicios suficientes para tener acreditada, en esta instancia inicial, la materialidad de los hechos y la posible participación de los acusados.
Cuatro penitenciarios recuperaron la libertad
El fiscal Álvaro Garganta retiró el pedido de prisión preventiva contra Juan Antonio Juanena, Carlos Alberto Salice, Juan Manuel Villena y Facundo Sebastián Medina. Los cuatro recuperaron la libertad por falta de mérito y quedaron fuera de la medida de coerción dispuesta contra los otros once acusados.
Las defensas habían cuestionado que la investigación no diferenciara suficientemente la presencia de algunos agentes en la Unidad Penal de una participación concreta en los hechos. También discutieron el alcance de las imágenes de las cámaras, los testimonios de las internas y las funciones que cumplía cada uno durante el procedimiento.
Los abogados César Albarracín, Julio Beley, Darío Saldaño, Gastón Jesser y Cristian González formularon distintos planteos contra las imputaciones. Algunos solicitaron la nulidad de declaraciones, detenciones y actuaciones judiciales por considerar que no se habían precisado las conductas atribuidas individualmente.
Masi rechazó las nulidades al considerar que fueron presentadas fuera de los plazos procesales. También sostuvo que las defensas tuvieron acceso al expediente y realizaron pedidos de prueba que demostraban que conocían las acusaciones.
Los delitos que se investigan
La causa busca determinar qué ocurrió el 3 de junio de 2026 durante un procedimiento iniciado por una pelea entre internas de la Unidad Penal N°51. Según la hipótesis fiscal, distintos agentes habrían utilizado métodos de violencia y sometimiento que excedieron los protocolos de contención.
La imputación comprende los delitos de tortura, abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por integrantes de una fuerza de seguridad, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las formas de participación atribuidas varían según cada acusado.
El juez remarcó que la investigación todavía se encuentra en una etapa inicial y que la valoración de las pruebas es provisoria. No obstante, consideró que existen riesgos procesales relacionados con la gravedad de los hechos, la cantidad de personas involucradas y las penas previstas, por lo que dispuso mantener la detención de once imputados bajo una modalidad domiciliaria.
