Esto ocurre mientras la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, enfrenta una grave imputación judicial por la presunta malversación de fondos destinados justamente a la compra de alimentos.
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La situación judicial de Pettovello es alarmante: fue imputada por el fiscal federal Franco Picardi en una causa que investiga la transferencia irregular de 14 mil millones de pesos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del "Plan Nacional Argentina Contra el Hambre". Según la denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, la ministra autorizó de manera unilateral esta operación, desconociendo los límites que impone la Ley de Administración Financiera, que exige la aprobación de la Jefatura de Gabinete para gastos superiores a los 2.700 millones.
A pesar del traspaso de fondos —que incluyó una comisión de 420 millones de pesos—, hasta hoy no se concretó ninguna compra de alimentos esenciales como arroz, fideos o leche en polvo. El proceso licitatorio permanece paralizado, y miles de comedores comunitarios, que dependen de esta asistencia, siguen esperando.
Frente a esta falta de respuesta nacional, Axel Kicillof y Julio Alak no miraron para otro lado. Desde la Provincia y el Municipio de La Plata se pusieron en marcha refuerzos alimentarios para asistir a los sectores más golpeados. Con recursos propios, y priorizando la urgencia social, se garantizó la continuidad de la provisión de alimentos básicos en comedores y merenderos, mientras Pettovello y su equipo no logran explicar el destino de los fondos públicos.
La investigación judicial avanza bajo los cargos de posible malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal Picardi pidió al Juzgado que conduce Ariel Lijo medidas urgentes para determinar la trazabilidad del dinero y el estado del proceso de compra.
