El miércoles 15 de julio fue un día raro. La Argentina le ganaba 2 a 1 a Inglaterra en Atlanta con la remontada de Enzo y Lautaro. Los jugadores desplegaban la bandera de "Las Malvinas son argentinas" a pesar de la prohibición avalada por el propio gobierno. La tribuna cantaba "el que no salta es un inglés". Y ese mismo día, en el Boletín Oficial de la República Argentina, se publicaba el Decreto 590/2026, firmado por Javier Milei el día anterior, junto a Luis Caputo y Diego Santilli.
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Mientras la Selección enfrentaba a los ingleses en una cancha, Milei —a nuestras espaldas— les entregaba mar argentino en la otra.
Qué dice el decreto
El Decreto 590/2026 instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200 del Mar Argentino, un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados ubicado en la Cuenca Argentina Norte, a 350 km de la costa bonaerense, frente a San Clemente del Tuyú. Más al norte que los bloques ya conocidos frente a Mar del Plata, cerca del límite marítimo con Uruguay.
Es Plataforma Continental Argentina. Es soberanía marítima. Y hoy tiene interesado privado con nombre y apellido: Challenger Energy Group PLC, empresa británica registrada en Londres y cotizante en el AIM de la Bolsa de Londres, hoy operando bajo control accionario de la canadiense Sintana Energy. El 14 de febrero de 2025, esta empresa británica presentó una "manifestación de interés" al gobierno argentino solicitando ese permiso exploratorio. Un año y medio después, con el país entretenido en la semifinal del Mundial, Milei firmó el decreto que abre el proceso a su favor.
Los términos del futuro permiso, según el Anexo del Decreto: dos períodos de 4 años más una prórroga adicional de 5 años. Trece años, en total, para explorar mar argentino. Con eventual concesión de explotación posterior si los estudios resultan positivos. 120 Unidades de Trabajo exigidas. Regalías conforme a la Ley 17.319, cuyo detalle definirá la Secretaría de Energía.
El artículo 4°: la cancha inclinada
Este es el punto que ningún medio grande tituló ayer y hoy. El artículo 4° del decreto autoriza expresamente que en el permiso de exploración y en la eventual concesión de explotación se incluyan cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado parte de la Convención de Nueva York de 1958. En castellano: si mañana el Estado argentino quiere revisar las condiciones, revocar el permiso, cobrar impuestos, hacer valer una normativa ambiental o cualquier otra cosa que a la empresa no le guste, no se dirime en Comodoro Py ni en la Corte Suprema. Se dirime en un tribunal arbitral con sede en Nueva York, en París, o en Londres.
Lo advierte el Instituto del Gas y del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires (IGPUBA) a través de su director, Juan José Carbajales, doctor en Derecho de la UBA: "Entre otras cosas, el Presidente resolvió, por un simple Decreto, incluir en el permiso de exploración una prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en el extranjero. Ante futuros inconvenientes, los ingleses tendrán la cancha inclinada". No es un invento mío. Lo dice la universidad pública. El mismo organismo que el oficialismo cita cuando le conviene.
Sea Lion: no es un caso aislado
Y esto no es un caso aislado. En diciembre de 2025, la británica Rockhopper Exploration Plc y la israelí Navitas Petroleum anunciaron la decisión final de inversión para el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Rockhopper aporta 35% y es británica. Navitas aporta 65% y la mayor parte del financiamiento, y es israelí. Las licencias que operan son, textualmente, licencias apócrifas emitidas por autoridades ilegítimas: los kelpers.
La inversión inicial: US$ 1.800 millones. La producción proyectada: 55 mil barriles por día, con un plan de expansión a 180 mil barriles diarios en pocos años. Un cuarto de lo que produce hoy toda la Argentina. Perforación desde principios de 2027, extracción desde 2028. Ante el silencio del gobierno argentino.
El propio canciller Pablo Quirno mencionó a Sea Lion como ejemplo de licencias apócrifas, pero omitió lo obvio: Rockhopper es británica y Navitas se lleva la mayor parte del negocio. Los enemigos que Milei nombra son abstractos. Los amigos que firma por decreto tienen nombre, apellido y bandera.
La lectura
Mientras el Presidente aclaraba, esta misma semana, que su idolatría por Margaret Thatcher no era "tanto como se había dicho", su gobierno tomaba una decisión objetivamente pro-británica sobre la línea más sensible que tenemos como país: la soberanía marítima. Mientras la Selección arrancaba las banderas de "Malvinas Argentinas" que habían sido prohibidas para desplegarlas en el pasto del Mercedes-Benz Stadium, la Casa Rosada publicaba un decreto que le entrega a una empresa de la City de Londres 5.000 km² de mar argentino, con arbitraje internacional en el extranjero. El mismo silencio administrativo con el que también se le entregan tierras rurales, silencio que el Senado convalidó ayer con la Ley de Propiedad Privada.
Mi lectura es esta: hay una política de Estado, sostenida, que consiste en desmontar cualquier herramienta soberana que la Argentina construyó en las últimas décadas. La ley de tierras rurales de 2011. El reclamo por Malvinas. La jurisdicción argentina sobre nuestros propios recursos. Todo se cae por decreto, sin debate parlamentario, mientras el país mira fútbol. Y no lo digo por ideología: lo dice el decreto en su artículo 4°. Lo dice el Boletín Oficial del 15 de julio. Lo advierte el Instituto del Gas y del Petróleo de la UBA.
Los jugadores hicieron su parte. Desplegaron la bandera. Nos dieron la final del domingo contra España. Ahora nos toca a nosotros no dejar que el festejo tape lo que se está firmando en Casa Rosada mientras estamos festejando. Ganamos el partido. Ahora tenemos que recuperar nuestro mar.
El decreto está publicado. Es reversible. El proceso todavía no adjudicó nada. Todavía se puede impugnar, judicializar, denunciar en el Congreso, presionar en las provincias que necesitan votar la reglamentación. Difundir es política. Compartir es soberanía.
Fuentes
Decreto 590/2026 completo en el Boletín Oficial de la República Argentina, 15 de julio de 2026, firmado por Milei, Caputo y Santilli.
Contexto y análisis del Instituto del Gas y del Petróleo de la UBA (IGPUBA): Tiempo Argentino.
Datos técnicos del área CAN_200 y proceso licitatorio: Energía y Negocios, Infobae/EFE, Urgente24.
Análisis jurídico del arbitraje internacional del decreto: Abeledo Gottheil.
Antecedentes del proyecto Sea Lion (Rockhopper + Navitas) en Cuenca Malvinas Norte: Tiempo Argentino.
