El viaje de Manuel Adorni a Punta del Este, que en un primer momento pareció una viaje personal sin mayores consecuencias, empezó a convertirse en un frente incómodo para el Gobierno.
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Con el correr de los días, las dudas crecieron y ahora la Justicia ya tiene el foco puesto en cómo se financió ese traslado.
La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que avanzan sobre distintos aspectos del viaje, especialmente sobre el uso de un avión privado y las condiciones en las que se organizó.
Lo que se busca determinar no es solo quién pagó, sino también si hubo algún tipo de irregularidad detrás de la operatoria.
Crece el escándalo por el viaje de Adorni: revelan quién pagó el vuelo privado
En ese contexto, las explicaciones públicas que circularon en los primeros días no ayudaron a despejar el panorama. Al contrario: dejaron más interrogantes que respuestas y alimentaron la sospecha sobre el origen de los fondos y el vínculo entre los protagonistas.
Uno de los puntos que más ruido generó fue la intervención del periodista Marcelo Grandio, cercano al funcionario, quien intentó justificar el viaje asegurando que lo había invitado porque “hacía dos años no se tomaba vacaciones”.
Sin embargo, sus propias declaraciones terminaron siendo contradictorias y quedaron bajo la lupa.
Recién con el avance del expediente empezó a aparecer una respuesta más concreta.
Según consta en la causa, la productora Imhouse S.A., vinculada a Grandio, fue la que abonó el vuelo de ida del jefe de Gabinete y su familia. El pago se realizó a la empresa Alpha Centauri, encargada de proveer la aeronave.
Ese movimiento quedó registrado a través de una transferencia bancaria cercana a los 7 millones de pesos, equivalente a unos 4.800 dólares al momento de la operación. Un dato que ahora forma parte central de la investigación.
A partir de ahí, la Justicia intenta reconstruir todo el circuito del viaje. No solo el tramo inicial, sino también el regreso, cuya documentación fue solicitada a la empresa aérea.
En paralelo, el fiscal pidió que Grandio sea citado a declarar para explicar en detalle cómo se organizó el pago y cuál fue su rol en la operación. También se ordenó analizar entrevistas y registros públicos en los que se haya referido al tema.
Además, se requirió a la ANAC el plan de vuelo del avión —un Honda Jet que partió desde San Fernando hacia Punta del Este— y a la Aduana información sobre controles, declaraciones y movimientos vinculados al viaje.
Pero el punto clave ahora pasa por seguir la ruta del dinero. La investigación apunta a determinar de dónde salieron los fondos y si hubo algún tipo de irregularidad en la operatoria.
Denuncian a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en contratos y en la concesión de Tecnópolis
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva denuncia penal que pone el foco en presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión de Tecnópolis.
La presentación fue realizada por la diputada Marcela Pagano y apunta a posibles delitos vinculados al manejo de licitaciones y al uso de recursos del Estado.
Uno de los ejes de la denuncia está puesto en un contrato millonario para servicios de mensajería masiva.
Nueva denuncia contra Adorni por contratos millonarios y licitaciones públicas
En ese punto, la denuncia detalla que el contrato en cuestión supera los $3.650 millones y estaba destinado a servicios de mensajería masiva, como envío de SMS, mails y llamadas automatizadas.
Pero lo que encendió las alertas no fue solo el monto, sino la posible relación entre las empresas que participaron del proceso. ç
Según el escrito, firmas como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L. tendrían vínculos entre sí, lo que podría haber afectado la competencia real en la licitación.
A eso se suma otro dato: diferencias de precios en contrataciones similares y la reiteración de los mismos jugadores en distintos procesos. Para la denunciante, esto podría haber sido parte de un esquema para simular competencia y direccionar adjudicaciones.
En paralelo, la presentación también apunta a la concesión de Tecnópolis, un proceso de enorme volumen económico que superaría los $183.000 millones.
Allí se pone bajo la lupa la posible relación entre una consultora vinculada a la esposa de Adorni y empresas que participan en la licitación, lo que abre interrogantes sobre un eventual conflicto de interés.
También se mencionan conexiones comerciales con compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que podría configurar incompatibilidades con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con la presentación judicial, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles e incluso enriquecimiento ilícito.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y establecer responsabilidades.
