Voy a empezar por donde hay que empezar: por la ley. Porque este no es un caso de "empresarios que compran mucho campo". Este es un caso de tres pasos ilegales encadenados que sólo pudieron cerrarse porque el presidente de la Nación puso la firma.
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Paso uno: la ley. La Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, es explícita. Ningún extranjero puede tener más de 1.000 hectáreas rurales en Argentina. Esa es la vara. Wamani tiene 32.000 hectáreas. Es treinta y dos veces el tope legal. Legalmente, Martín Varsavsky, Alec Oxenford, Matías Nisenson, Alejandra De Kemmeter y su co-inversor Dan Lubetzky nunca lo hubieran podido comprar directo. Ni el uno por ciento del predio. Nada.
Paso dos: la trampa. Como directo no se podía, armaron una sociedad argentina fantasma. CUIT 30-71836505-4. Campo Wamani S.A. Y ahí montaron la fachada: Martín Varsavsky, argentino-español con pasaporte europeo, aparece con el 70% de las acciones. Al ser "argentino" a los ojos del papel, la sociedad deja de contar como extranjera. El resto —Oxenford, Nisenson, De Kemmeter— se reparte 10% cada uno. Con esa arquitectura societaria, 32.000 hectáreas que legalmente no se podían comprar, pasaron a estar en manos privadas.
Paso tres: la firma. Pero faltaba un problema. Wamani está en zona de seguridad de frontera. Esa franja no es cualquier suelo: es el borde con Chile, con agua, con montaña, con minería, con recurso estratégico. Está protegida por decreto desde hace décadas, con toda la tradición jurídica argentina detrás, porque la cordillera es lo que un Estado serio no vende. Para comprar ahí hace falta un permiso especial del Poder Ejecutivo. Milei firmó el permiso.
Sociedad de papel más firma del presidente igual una cordillera privada. Esa es la ecuación. Sin la trampa societaria no había compra. Sin la firma de Milei no había permiso. Sin las dos cosas juntas, los amigos del norte se quedaban afuera.
Ahora sí puedo contar qué hicieron con las 32.000 hectáreas. Cinco veces la superficie de Manhattan, en San Carlos, Mendoza. Compraron en diciembre de 2023, semanas después de que Milei ganara la elección. No es coincidencia: es planificación. Y arriba de ese territorio levantaron casas prefabricadas, domos geodésicos, una pista de aterrizaje privada, paneles solares, servidores de inteligencia artificial descentralizada y captación de agua ultra pura de cuatro manantiales. Casi diez millones de dólares invertidos en un búnker que sobreviva al fin del mundo.
¿Fin del mundo qué? Se los pregunto para que quede claro, porque lo dijeron ellos, no yo. Lo dijo Varsavsky al Financial Times: "Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial; las líneas de batalla ya están trazadas. Tiene todo el sentido del mundo tener un refugio". El refugio se lo armaron acá. En nuestra precordillera. Con nuestra agua. Con nuestro cielo. Con la firma de nuestro presidente.
Y ahora viene la parte que hay que subrayar tres veces, porque es donde el escándalo institucional se vuelve obsceno: uno de esos socios, con el 10% del búnker, es Alec Oxenford. El mismo Alec Oxenford que Milei nombró embajador argentino en Washington. El tipo que negocia por Argentina ante la Casa Blanca tiene una décima parte de un refugio nuclear en Mendoza. Representa a un país en el que, en el fondo, no confía. O peor: representa a un país al que ya le sacó su pedazo.
Esto es la doctrina de Peter Thiel puesta en clave argentina. Thiel, el patrón ideológico y financiero de esta ola libertaria global, viene predicando hace años que las élites tecnológicas necesitan refugios geográficos para sobrevivir al colapso que ellos mismos ayudan a acelerar. La Patagonia, con su agua, su aire, sus recursos y su baja densidad poblacional, es el nuevo Nueva Zelanda. Milei entregó las llaves. Pero para entregarlas tuvo que hacer algo más grave que un mal negocio: tuvo que ayudar a diseñar la operación jurídica que las convirtió en propiedad privada.
Porque no es que Milei "dejó pasar" la compra. Es que la compra directa era imposible. La compra sólo pudo suceder por dos actos administrativos: la aceptación de la sociedad de fachada como si fuera una empresa argentina, y el permiso ejecutivo de zona de frontera firmado por él. Sin esas dos decisiones no había Wamani. Con esas dos decisiones hay una porción de la cordillera argentina en manos de un grupo de multimillonarios extranjeros bajo la doctrina del apocalipsis.
Mientras tanto, acá abajo, otra realidad. La luz aumentó 385% desde que llegó Milei. El gas también. El transporte, el alquiler, la comida. A los que vivimos en la Argentina de a pie nos matan con la energía. A los amigos de Milei les dan la cordillera a precio vil, con la ley esquivada, con el permiso de frontera firmado y con uno de los socios sentado en la embajada más importante del mundo.
Esta no es una anécdota. Es el modelo. Es la transferencia de recursos desde abajo hacia arriba en su forma más literal: nosotros pagamos las tarifas, ellos se compran los manantiales. Nosotros hacemos cola en el supermercado, ellos aterrizan avionetas en pista propia. Nosotros discutimos si nos alcanza la jubilación, ellos discuten si el búnker es lo suficientemente autónomo para aguantar cinco años sin la red eléctrica argentina.
En cualquier país normal esto sería un escándalo mayúsculo. Sería tapa de todos los diarios durante una semana. Habría comisión investigadora en el Congreso, pedido de renuncia del embajador, revisión judicial del permiso, impugnación del acta societaria en la Inspección General de Justicia. Acá, en cambio, silencio.
Acá el que tiene el búnker también tiene el asiento en la embajada. Acá la casta de la casta gobierna. Acá abajo nos siguen cobrando la luz.
Legalmente no se podía. Con sociedad fantasma y firma presidencial, se pudo.
No es un desliz. Es el plan.
