La justicia electoral de Brasil determinó por mayoría inhabilitar al expresidente Jair Bolsonaro a presentarse a cargos públicos hasta 2030, al condenarlo por abuso de poder por diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema de comicios brasileño ante embajadores de países extranjeros.
Así lo dispuso el Tribunal Superior Electoral que obtuvo cuatro votos sobre siete y, por mayoría, determinó impedirle al expresidente que se presente a cargos públicos por 8 años.
El punto central del juicio se centró en el encuentro organizado por el propio Bolsonaro, quien convocó a medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para descalificar de manera grave el sistema electoral.
El relator del caso, el juez Benedicto Gonçalves, votó por inhabilitar al líder ultraderechista por ocho años, desde 2022 hasta 2030. Dijo que el ex mandatario había "usado la reunión con los embajadores para sembrar dudas e incitar teorías de conspiración".
El voto de Benedicto fue acompañado por los magistrados Floriano de Azevedo Marques y André Ramos Tavares; Raúl Araújo no pronunció por la absolución y con el sufragio de la jueza Carmen Lúcia Antunes, se logró la mayoría.
Con el sufragio de Antunes, el Tribunal obtuvo los votos necesarios para condenar al dirigente ultraderechista que no podrá presentarse en las elecciones presidenciales de 2026, ni en las municipales de 2024 y 2028.
Bolsonaro fue inhabilitado hasta 2023: los motivos
La causa se inició por una denuncia del Partido Democrático Laborista sobre una reunión que Bolsonaro mantuvo en julio de 2022 en el Palacio de la Alvorada con un grupo de 40 embajadores y diplomáticos extranjeros.
En ese encuentro, durante la campaña para las elecciones presidenciales, Bolsonaro sostuvo que las elecciones de 2018 "no fueron totalmente transparentes" y dio a entender que los miembros de la Justicia electoral y la Corte Suprema tenían "claros vínculos con la izquierda".
Según la fiscalía, esta denuncia sin pruebas significa un abuso de poder que afecta la credibilidad del estado democrático de derecho.
