La Casa Rosada atravesó momentos de nerviosismo este miércoles después de que se hiciera pública una nueva propuesta de reforma planificada por el Poder Ejecutivo. Se trata del proyecto de reforma educativa, que el Gobierno pretendía lanzar discretamente después de los cambios legislativos, fue difundido prematuramente. Un borrador interno, que incluía modificaciones al contenido, currículas y esquema de financiamiento, "se filtró" desde dentro del propio entorno libertario. Este plan del oficialismo quedó al descubierto y la intención de mantenerlo en secreto duró poco.
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Carolina Losada, senadora santafesina que mantiene una alianza con el oficialismo, se vio obligada a responder a las preguntas de la prensa. Con un notorio gesto de fastidio, la integrante del Consejo de Mayo en representación de la Cámara Alta abordó la situación. “Hay filtraciones que no hacen bien a lo que nosotros queremos hacer”, señaló.
Esta declaración sintetizó la estrategia gubernamental: avanzar rápidamente, evadiendo el debate público, y garantizarse el número necesario de bancas en el Congreso para asegurar la aprobación del plan. Losada insistió: “Hay un pacto de confidencialidad. Tenemos la base, estamos compartiendo versiones, pero no se pueden difundir”.
La senadora por Santa Fe concluyó: “Lo que resta definir ahora son definiciones políticas, pero es importante que esperemos porque no falta nada”.
A raíz de esta filtración, el Ejecutivo decidió "pausar" las sesiones del Consejo de Mayo, el cuerpo encargado de elaborar la propuesta. Dicho organismo está compuesto por miembros cercanos al oficialismo y representantes de diversas facciones políticas y sindicales.
Alcance de la propuesta: desmantelamiento y privatización del sistema
Los documentos preliminares delinean, a grandes rasgos, la derogación de la Ley Nacional de Educación 26.206. Esto permitiría que cada institución —ya sea pública, privada o de "iniciativa social"— establezca de manera autónoma su propio plan de estudios, calendario escolar, metodologías pedagógicas y normas de contratación de personal docente. Sin directrices compartidas, el sistema educativo quedaría fragmentado, transformando la educación en un mercado de ofertas de calidad desigual.
Simultáneamente, la iniciativa busca formalizar la educación en el hogar (homeschooling) y diversas modalidades híbridas. Mientras el discurso oficial utiliza el término "libertad educativa", la medida implica una subrogación de responsabilidades: el Estado las traspasa a las familias. En la práctica, el acceso a una enseñanza de alta calidad dependería directamente de los recursos económicos de cada hogar y de la capacidad de competencia entre las diferentes instituciones.
La divulgación prematura del proyecto no solo reveló el plan del Gobierno, sino que también expuso el esquema ideado para aplicar recortes en uno de los activos más valorados del país: la educación pública, gratuita y de calidad.
