La justicia rechazó este lunes el pedido de la defensa de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), para suspender el peritaje de los audios atribuidos a su persona.
La medida, destinada a determinar la autenticidad de las grabaciones que dieron origen a la investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos, avanzará por decisión de Ariel Lijo pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz para su comparación.
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La defensa había solicitado frenar el procedimiento al considerar que obligar a Spagnuolo a aportar una muestra de voz vulneraba la garantía constitucional contra la autoincriminación. Además, sus abogados cuestionaron la validez de los audios al señalar que podrían haber sido editados o manipulados mediante inteligencia artificial.
En su resolución, Lijo rechazó ese planteo y sostuvo que la obtención de una muestra de voz no constituye una declaración contra sí mismo, sino un dato biométrico comparable con una huella dactilar o una muestra de ADN. También recordó que la Cámara Federal ya había ordenado avanzar con medidas para determinar "el origen y la veracidad" de los registros sonoros.
Como alternativa a la extracción de una muestra de voz, el fiscal federal Franco Picardi propuso utilizar entrevistas recientes de Spagnuolo en medios como Neura, La Nación+, Border y El Observador para realizar la comparación técnica.
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Los argumentos de Ariel Lijo para rechazar el pedido de Diego Spagnuolo
En su fallo, Lijo distinguió entre la prohibición constitucional de autoincriminación, que rige para las declaraciones testimoniales o de contenido intelectual, y la obtención de datos biométricos como la voz, equiparables a las huellas dactilares o el ADN.
El juez recordó que la Cámara Federal ya había ordenado determinar “el origen y la veracidad” de los registros sonoros, y que suspender el peritaje impediría cumplir con esa directiva.
"Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento", advirtió el juez.
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Las contradicciones de Spagnuolo
Lo cierto es que el propio Diego Spagnuolo había pedido peritar los audios y ahora se niega a cumplir la medida. “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, alegó el exfuncionario.
Lo principal del plateo realizado es que la toma de muestras de voz requiere una participación activa del imputado y, por lo tanto, no puede imponerse compulsivamente.
La defensa afirmó que “los cotejos de voz configuran una especie de utilización del imputado como sujeto de prueba” y argumentó que la garantía constitucional prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional opera como un límite para ese tipo de medidas.
Además, sostuvo que la citación de Spagnuolo para aportar su voz “sin haber requerido que previamente preste su consentimiento” constituye un “forzamiento de colaboración ilegal”. “Su intervención activa e inconsulta en aquella medida podría aparejarle un resultado desfavorable respecto de la acusación que soporta”, advirtió.
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¿Cómo se están cuidando los audios durante el peritaje?
Entre otras exigencias, el juez Ariel Lijo dispuso que se preserve "estrictamente la cadena de custodia digital", que toda manipulación quede registrada y que se documenten los accesos, hashes criptográficos y bitácoras completas de intervención para evitar cualquier alteración del material original.
La resolución también obliga al equipo de profesionales a informar qué software y herramientas forenses utilizarán, incluyendo sistemas de análisis espectrográfico, autenticación biométrica de voz, detección de edición y reconstrucción temporal de archivos.
Los peritos propuestos por la Fiscalía Federal N°5 son el doctor Roberto Leonardo; el director de Montaje Audiovisual, Bruno Moglia; la operadora de Grabación y Post Producción de Audio, Gala Iglesias Brickles, y los ingenieros Nicolás Sanguineti y José Pollola Barón. Todos tienen 72 horas para aceptar el cargo conferido.
