El conflicto por los subsidios al transporte volvió a escalar y ahora podría terminar en la Justicia.
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Empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires se preparan para presentar una denuncia penal contra la firma Metropol, acusada de maniobras irregulares para cobrar más compensaciones del Estado.
El presidente de la empresa Monsa, Marcelo Pasciuto, confirmó que en los próximos días podrían avanzar con una acción judicial.
Según explicó, la denuncia apunta a una supuesta adulteración de los datos del sistema SUBE para obtener mayores montos en subsidios.
Guerra entre colectiveras por el reparto de subsidios: los detalles
El eje del reclamo es una diferencia cercana a los 30.000 millones de pesos, producto del intercambio de boletos correspondientes a recorridos largos por otros más cortos, una maniobra que permitiría inflar el dinero recibido por parte del Estado.
“El viaje más largo recibe más subsidio. Eso cambió en octubre de 2024 con una nueva forma de liquidación”, sostuvo Pasciuto, al detallar cómo impacta el sistema actual en la distribución de fondos.
Las cifras marcan una brecha importante: mientras un boleto de hasta tres kilómetros cuesta casi $500 con subsidio, su valor real sin asistencia estatal ronda los $900. En los recorridos más extensos, la diferencia supera los $2.000 por pasaje.
El reclamo no es nuevo. Cuatro de las cinco cámaras empresarias del sector ya habían advertido la situación en diciembre pasado mediante una nota enviada a la Secretaría de Transporte.
Días después presentaron un nuevo escrito, pero —según denuncian— no hubo respuestas oficiales.
“El 18 de enero el tema ya estaba en los medios y pocos días después se anunció la salida del secretario de Transporte desde Davos”, recordó el empresario, en referencia a la renuncia de Luis Pierrini, funcionario cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.
En ese contexto, el conflicto por los subsidios volvió a quedar expuesto. Empresas como Metropol y el Grupo DOTA se enfrentan en una disputa interna por el control de fondos estatales, mientras el sistema de fiscalización permanece prácticamente congelado.
El último informe oficial de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sobre uso de combustible data de octubre de 2021, es decir, tiene casi cinco años de antigüedad.
Nota en desarollo.
