El 23 de septiembre de 2026, durante la gira de Javier Milei por Estados Unidos que incluyó la Asamblea General de la ONU, el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau lanzaron en Nueva York el Corredor Andes-Atlántico. La Cancillería lo anunció mediante una declaración conjunta. El objetivo: modernizar la infraestructura que conecta sectores estratégicos argentinos con los puertos del Atlántico y los mercados de Occidente.
No se trata de una ruta nueva. Es un esquema que reúne minería, Vaca Muerta, ferrocarriles, vías navegables, puertos, energía y tecnología digital. El documento prevé inversiones y financiamiento estadounidenses y oportunidades para que empresas de ese país participen en licitaciones y contratos.
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Ese mismo día, el banco estatal estadounidense EXIM informó que había firmado con el Gobierno argentino un marco para movilizar hasta 7.000 millones de dólares hasta 2027. Conviene entender qué se anunció: un marco financiero, no una transferencia ya realizada ni un cheque que Argentina pueda utilizar libremente.
Ahí está la noticia. Y ahí empieza la contradicción: las oportunidades para sus empresas aparecen escritas; cuánto empleo argentino, qué participación de nuestros proveedores y qué tecnología debe quedar acá no tienen garantías equivalentes en los documentos del lanzamiento.
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NUESTROS RECURSOS, SUS NEGOCIOS
La declaración no esconde qué busca Washington. Dice que estos corredores procuran asegurar las cadenas de suministro estadounidenses y crear oportunidades para sus empresas. EXIM también habla de respaldar empleos, productos y conocimientos de Estados Unidos.
No dice solamente “atraer inversiones”. Dice para quiénes se quiere abrir el negocio.
El problema no es que Estados Unidos defienda sus intereses. El problema es que el presidente argentino debería defender los nuestros con la misma firmeza. Y que una oportunidad comercial para sus empresas no se transforme automáticamente, por obra de un comunicado, en desarrollo para nosotros.
La ficha estadounidense del corredor ofrece un ejemplo concreto. Para el proyecto de exportación de gas natural licuado Argentina LNG presenta una propuesta indicativa, no vinculante, de hasta 6.000 millones de dólares para comprar bienes y servicios estadounidenses. No hay allí una obligación equivalente de comprar equipos argentinos. Ese monto tampoco debe sumarse automáticamente a los 7.000 millones del marco de EXIM.
La orientación del financiamiento importa tanto como su tamaño. El gas sale de nuestro territorio; la propuesta también procura compradores para equipos y servicios de ellos. ¿Dónde queda asegurado el desarrollo de nuestras fábricas?
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ELLOS FABRICAN, NOSOTROS ABASTECEMOS
El nuevo marco de EXIM remite a un programa que vincula el financiamiento de proyectos en otros países con contratos de suministro de minerales para fabricar bienes en Estados Unidos. Protege el abastecimiento de su industria. No exige que esos productos industriales se fabriquen en Argentina.
Los documentos también contemplan procesamiento de minerales y obras en nuestro país. Pero procesar un recurso no equivale, por sí solo, a construir una industria capaz de producir tecnología y vender productos de mayor valor. Esa diferencia es la que desaparece cuando todo se festeja como inversión.
Podemos exportar más y seguir dependiendo de equipos, conocimientos y decisiones de otros. Podemos tener obras y, al mismo tiempo, consolidar una economía organizada alrededor de las necesidades de una potencia extranjera.
Por eso la pregunta no es si algún empleo puede generarse. La pregunta es qué desarrollo nacional se exige y se garantiza a cambio de recursos, beneficios y decisiones de largo plazo.
NOSOTROS FACILITAMOS. ELLOS CONSIDERAN
El corredor no empezó de cero. El 5 de febrero de 2026, Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer firmaron el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, precedido por el marco anunciado en noviembre de 2025.
En ese texto, Argentina aceptó facilitar inversiones estadounidenses en sectores estratégicos y acelerar solicitudes elegibles del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI. Ese régimen ofrece ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias, con estabilidad durante treinta años para los proyectos admitidos. No es exclusivo de empresas estadounidenses: el acuerdo busca facilitarles el acceso cuando cumplan los requisitos.
También alienta inversión federal argentina en infraestructura minera para permitir el acceso de empresas estadounidenses al sector. Del otro lado, Washington se compromete a trabajar con sus organismos para considerar financiamiento elegible.
Facilitar inversiones, acelerar trámites y promover infraestructura de este lado. Considerar financiamiento del otro. No son obligaciones equivalentes.
Y la asimetría no se corrige pronunciando la palabra “reciprocidad”. La información publicada en septiembre señalaba, además, que la ratificación integral del acuerdo seguía pendiente. La discusión política y democrática sigue abierta.
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NO ES AFINIDAD CON TRUMP
La secuencia comenzó en 2024, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, con cooperación sobre hidrovías, ciberdefensa, diálogo estratégico y minerales críticos. Después se extendió a instrumentos para el sistema F-16, entrenamiento militar, blindados Stryker e intercambio de información sobre identidad y prófugos.
En 2026 se agregaron otro marco de minerales críticos, el acuerdo comercial, la incorporación al Consejo de Paz de Trump y adhesiones sobre cadenas de suministro tecnológicas e inteligencia artificial. Argentina también respaldó la declaración de septiembre del Escudo de las Américas, una iniciativa regional de seguridad impulsada por Washington.
No son papeles de la misma naturaleza. Lo que importa es cómo van sumando recursos, financiamiento, tecnología, defensa y diplomacia dentro de una misma orientación.
Con Trump, la presión quedó expuesta de una forma brutal. El 14 de octubre de 2025 advirtió que Estados Unidos no sería generoso con Argentina si Milei perdía las elecciones. Días después, el Banco Central anunció un acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro estadounidense por hasta 20.000 millones de dólares.
La condición electoral fue una declaración pública, no una cláusula contractual que pueda atribuirse al acuerdo. Pero su significado político no necesita ningún agregado: el presidente de otro país vinculó su respaldo económico con el resultado que esperaba de nuestras urnas.
Eso no es afinidad personal. Es subordinación política.
TAMBIÉN LA ANTÁRTIDA
El 4 de abril de 2024, Milei presentó en Ushuaia, junto a Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur estadounidense, el desarrollo de la Base Naval Integrada como un proyecto que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”.
“Nuestros países”: Argentina y Estados Unidos. Ese fue el ofrecimiento político de Milei: incluir a Washington en la proyección estratégica de una infraestructura argentina hacia la Antártida.
La base conjunta aún no se concretó. Según respuestas de Defensa al Congreso reproducidas por la prensa en septiembre, no existe un acuerdo para una base compartida y el control sigue siendo argentino. Pero eso no borra lo que el presidente eligió ofrecer políticamente.
No se trata de cualquier lugar. Ushuaia forma parte de una posición estratégica vinculada con los pasajes entre los océanos y la proyección antártica. ¿Qué capacidad propia ganamos a cambio de presentar ese espacio como una oportunidad para otra potencia?
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LA BANDERA NO ALCANZA
Una colonia del siglo XXI puede conservar su bandera, sus elecciones y sus autoridades. La subordinación aparece cuando el gobierno organiza sus prioridades alrededor del proyecto de otra potencia y nos presenta esa dependencia como el único futuro posible.
La discusión no es si Argentina debe comerciar con Estados Unidos. Es si negocia como un país que exige trabajo, industria, tecnología y autonomía, o si se conforma con facilitar negocios y esperar que algo quede.
Nosotros ponemos los recursos. Ellos se los llevan. Le llaman reciprocidad. Pero es subordinación. Es entrega.
La reciprocidad se demostraría con compromisos concretos para desarrollar nuestras fábricas y nuestros proveedores, no solamente con oportunidades para las empresas estadounidenses. Los recursos argentinos deben construir futuro acá.
El presidente argentino no tiene que conseguirnos un lugar en el proyecto de Trump. Tiene que defender un proyecto para nuestro país. No necesitamos una sucursal con bandera argentina: necesitamos una Argentina que decida.
