Tras su procesamiento en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención de Diego Spagnuolo por las supuestas irregularidades en la entidad que dirigió.
La solicitud fue tomada por el juez federal Ariel Lijo y se fundamenta en la incorporación de "nuevos elementos de convicción que profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión".
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El documento apuntó a los informes en los que “se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con aquellos que habían sido adjudicados”.
“No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS”, sostuvo el texto.
En esta línea, el abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ex funcionario, remarcando su reciente procesamiento por ser considerado el jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos e insumo médicos a determinados laboratorios y empresas con coimas y sobreprecios.
Además, advirtió sobre el posible “peligro de entorpecimiento”, la posibilidad de que Spagnuolo “destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba”, que “influya para que testigos o peritos” e incluso pidió evaluar el “peligro de fuga”.
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¿Por qué pidieron la detención de Diego Spagnuolo?
Entre los casos documentados se detectó el pago de 425 millones de pesos por un sistema de válvulas transcatéter que el PAMI había adquirido por 124,2 millones, además de sobreprecios que alcanzaron un 4239% en el rubro ortopédico y la facturación de más de 25.661 millones de pesos a través de nueve empresas del sector.
Para justificar la necesidad de la prisión preventiva, Dalbón advirtió sobre la existencia de un peligro concreto de entorpecimiento probatorio y de fuga. En su planteo, remarcó que el imputado cuenta con información sensible sobre la estructura administrativa y sobre los testigos del caso, lo que le permitiría destruir o alterar elementos clave como el peritaje de audios validado recientemente por la Cámara Federal. Asimismo, recordó que Spagnuolo posee prohibición para salir del país y que durante los allanamientos iniciales no fue ubicado en sus domicilios declarados, siendo localizado posteriormente por las fuerzas de seguridad en un barrio cerrado del partido de Pilar.
Aunque el denunciante impulsó la medida cautelar, es poco probable que se dé lugar al requerimiento al no estar constituido el profesional como parte querellante en el expediente. No obstante, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados por integrar una asociación ilícita que manipuló el programa SIIPFIS entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 para direccionar compras de medicamentos a droguerías vinculadas, comprobándose además transferencias por 5 millones de pesos y el pago de mobiliario particular al ex funcionario por parte de la firma Indecomm SRL.
