Hay una pregunta que debería estar antes de cualquier discusión sobre planillas y partidas: ¿qué clase de país queremos construir? Uno en el que una persona encuentre apoyos para estudiar, trabajar y vivir con dignidad. O uno en el que tenga que demostrar, una y otra vez, que merece que no la abandonen.
Hacer recaer el ajuste sobre quienes más apoyo necesitan no es valentía. Es crueldad. Y tratar una pensión, una terapia o un apoyo como si fueran privilegios dice mucho más de quien toma la decisión que de quien necesita esos derechos.
Una elección política
No estamos discutiendo una intención que alguien le atribuyó al Gobierno: el proyecto original de Presupuesto 2027 enviado al Congreso propuso que la pensión por discapacidad fuera incompatible con tener un empleo formal o estar inscripto en el régimen general o simplificado. La ley vigente permite combinar la pensión con el trabajo mientras los ingresos laborales no superen dos salarios mínimos.
Pensemos qué significa esa elección. En vez de construir un puente hacia el empleo, se propone levantar una barrera. Como si trabajar borrara automáticamente la necesidad de apoyos. Como si la autonomía pudiera construirse amenazando con quitar una protección.
El mismo proyecto propuso que el sistema de prestaciones dejara de tener valores universales y que cada entidad obligada a cubrirlas fijara sus aranceles con los prestadores. Pablo Molero, del Foro Permanente de Discapacidad, advirtió que pagos que no cubran los costos pueden llevar a reducir o dejar de brindar servicios.
Detrás de la palabra “prestación” hay una persona. No una celda vacía de una planilla. El criterio para decidir no puede ser solamente cuánto se deja de pagar, sino qué pasa con una vida cuando ese apoyo desaparece.
El Gobierno debe hacerse cargo del proyecto que eligió presentar. La responsabilidad política no empieza recién cuando una medida se convierte en ley. Empieza cuando el poder decide qué derechos quiere restringir y a quiénes pretende hacer pagar.
Las explicaciones que faltan
En Discapacidad, la fiscalía investiga operaciones por más de $75.000 millones y describe un esquema en el que funcionarios y empresarios habrían dirigido compras y simulado competencia entre proveedores. Son operaciones multimillonarias. La exigencia de rendición de cuentas debe tener la misma magnitud.
Hay otro dato: una auditoría difundida por Noticias Argentinas registró una diferencia de $158.717 millones entre las deudas informadas por dos áreas de la ex Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Quién explica las cuentas? ¿Quién responde por los controles? ¿Quién se hace cargo frente a las familias?
Los conceptos importan: los más de $75.000 millones corresponden a compras investigadas; los $158.717 millones, a una diferencia entre registros de deuda. La denuncia política no necesita sumar cosas distintas ni inflar cifras. Necesita exigir respuestas precisas.
Y está la frase: “A Karina le llega el 3%”, publicada como parte de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exjefe de Discapacidad, sobre coimas por compras de medicamentos. La acusación alcanza a Karina Milei, hermana del Presidente, y la defensa de Spagnuolo ha cuestionado la autenticidad de las grabaciones.
La discusión judicial tiene su recorrido. La obligación política de explicar no puede quedar suspendida hasta que ese recorrido termine. Mucho menos cuando hablamos de recursos destinados a garantizar cuidados.
Que no paguen las familias
No acepto que se convierta a las personas con discapacidad en responsables de lo que hicieron quienes administraban el Estado. No corresponde exigirles que paguen con menos derechos por los negocios o los desórdenes que deben investigarse en las oficinas del poder.
Si hubo corrupción, que respondan sus responsables. Si las cuentas no cierran, que las expliquen quienes tenían la obligación de controlarlas. Ninguna de esas tareas requiere dejar a una persona sin tratamiento, sin ingresos o sin apoyo para trabajar.
Combatir la corrupción y garantizar derechos no son caminos opuestos. Son dos obligaciones del mismo Estado. Presentarlas como alternativas es desplazar la responsabilidad desde quien administra hacia quien necesita.
Ese es el marco que deberíamos discutir. Es un problema grave. Y urgente. La falta de humanidad empieza cuando una persona que necesita apoyo es tratada como un gasto que sobra.
Que rindan cuentas los que administran. Que no paguen los que necesitan cuidados. Un gobierno no demuestra fortaleza haciendo más difícil la vida de quienes debería proteger.
