El frente universitario nacional vuelve a unificar sus reclamos. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en conjunto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y no docentes, convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo. La movilización tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y replicará el lema: "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional".
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Esta cuarta edición de la protesta surge como respuesta directa a la negativa del Poder Ejecutivo de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada en octubre tras el rechazo legislativo al veto presidencial.
El núcleo de la disputa: Salarios y Becas
El conflicto se centra en dos artículos fundamentales de la ley que el Gobierno se resiste a ejecutar, argumentando que su aplicación pondría en riesgo el equilibrio fiscal al no contar con partidas presupuestarias específicas asignadas:
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Artículo 5 (Actualización Salarial): Establece que el Ejecutivo debe actualizar los haberes de docentes y no docentes tomando como piso la inflación acumulada (IPC) desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción.
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Artículo 6 (Becas Estudiantiles): Ordena la recomposición de los montos de las becas basándose también en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor.
Desde el inicio del presente cuatrimestre, las facultades han sido escenario de diversas modalidades de protesta, desde clases públicas hasta el "paro a la japonesa" implementado por la Facultad de Odontología de la UBA, buscando visibilizar el deterioro del poder adquisitivo del personal académico.
Revés Judicial para el Ejecutivo
Pese a la postura de la Casa Rosada, la Justicia Federal ha comenzado a cercar la discrecionalidad del Gobierno sobre estos fondos. A fines de marzo, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó una apelación oficial y ordenó el cumplimiento "inmediato" de la ley.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificaron una medida cautelar que declara inaplicables los decretos que intentaban frenar la norma. El fallo judicial es contundente: el Ejecutivo tiene la obligación legal de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar los artículos 5 y 6, independientemente de su interpretación sobre la "fuente de financiamiento".
Hacia el 12 de mayo: ¿Un punto de inflexión?
La convocatoria del 12 de mayo busca repetir la masividad de las tres marchas anteriores, apelando no solo a la comunidad académica sino a la sociedad civil. Las universidades denuncian que la falta de actualización salarial y el congelamiento de gastos de funcionamiento están llevando al sistema a una situación de parálisis operativa.
Por su parte, el Gobierno mantiene su estrategia de dilación, insistiendo en que cualquier gasto extra debe ser compensado con ahorros en otras áreas para no quebrar el déficit cero. Sin embargo, con el fallo de la Cámara en contra y una nueva movilización federal en el horizonte, el conflicto universitario se encamina a su etapa más crítica del año.
