Dos abogados denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación judicial cuestiona el financiamiento estatal de un viaje oficial a San Pablo, Brasil, donde el mandatario participó de un acto del espacio político vinculado a la familia Bolsonaro.
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La denuncia, formulada por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, sostiene que el Jefe de Estado utilizó el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público para asistir a una actividad de carácter estrictamente partidario en apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, desviando así los recursos presupuestarios de su finalidad legalmente asignada.
Impacto diplomático y desvío de fondos
La presentación judicial enfoca su argumento en el contenido del discurso vertido por el Presidente durante el acto en suelo brasileño y en las derivaciones institucionales de sus declaraciones:
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Agresiones verbales: Los denunciantes remarcaron que Milei calificó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de "presidiario", y se refirió al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como "basura calva".
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Afectación de las relaciones bilaterales: Según el texto, las expresiones vertidas en un acto de la oposición constituyeron una injerencia directa en la política interna del país vecino, provocando un "severo perjuicio a las relaciones diplomáticas bilaterales".
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Vulneración de convenios internacionales: La denuncia invoca el principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU.
Encuadre legal y medidas de prueba solicitadas
Desde el plano jurídico, la presentación sostiene que la conducta del mandatario encuadra en dos figuras del Código Penal argentino:
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Malversación de caudales públicos (Art. 260): Al aplicar bienes y fondos del Estado a fines distintos de los contemplados en la Ley de Presupuesto para la representación exterior de la Nación.
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Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248): Por la presunta inobservancia de los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional.
Como medidas de prueba, los denunciantes solicitaron a la Justicia que requiera a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Casa Militar los informes detallados sobre los gastos de la comitiva, los viáticos liquidados y las órdenes de vuelo de la flota presidencial. Asimismo, solicitaron que, una vez recolectada la evidencia, se cite al mandatario a declaración indagatoria.
