El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, fueron denunciados penalmente por "privatizar" el esquema de vacunación contra el Coronavirus en la Capital Federal.

La abogada Natalia Salvo presentó este martes una denuncia ante la Justicia, la cual acusa a ambos por el delito de incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, al tiempo que solicita la intervención del ministerio Público Fiscal.

En su denuncia, la letrada expone que "la cesión de vacunas en favor de establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...) sin verificar su destino, tuvo por finalidad garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina".

Denunciaron a Rodríguez Larreta y Quirós por beneficiar a los socios de prepagas en el plan de vacunación porteño

Según la denuncia, con el envio de dosis de vacunas a centros de salud privados y prepagas, se estaría "otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población". 

Salvo agrega que además, este accionar dentro de la campaña de vacunación en la Ciudad "está impidiendo que personas consideradas de mayor riesgo y que necesitan vacunarse, no puedan hacerlo, aumentando sus posibilidades de contraer la enfermedad y fallecer".

Como pruebas la denunciante presentó flyers de obras sociales y prepagas que llaman a vacunarse únicamente a sus socios, dejando de lado al resto de la población y achicando la cantidad de vacunas disponibles en el sistema público de Salud.

En un pasaje, la denuncia reza: "Lo que supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean sólo para socios".

Por último, la abogada concluye: "En suma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es “socio” de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios

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