La presentación de su declaración jurada no le alcanzó a Manuel Adorni para cerrar el frente judicial. Este viernes, los diputados de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia penal contra el jefe de Gabinete por "omisión maliciosa" en sus declaraciones juradas de 2024 y 2025.
Te puede interesar
En el escrito, los legisladores solicitaron que se lo inhabilite para ejercer cargos públicos. La acusación se enmarca en el artículo 293 del Código Penal, que prevé el delito de falsedad en el informe escrito de gestión.
Frade y Ferraro recordaron el origen del escándalo: el 11 de marzo, el periodista Sebastián Lacunza reveló que Adorni había viajado en un vuelo privado a Uruguay durante el fin de semana largo de Carnaval. El costo estimado: 10.000 dólares.
A eso se sumó luego un viaje oficial al exterior con su esposa en el avión presidencial.
ç
Adorni, denunciado penalmente por "omisión maliciosa" en sus declaraciones juradas
Los diputados señalaron que, a partir de ese puntapié inicial, el periodismo de investigación continuó destapando otros aspectos de la vida del funcionario: su privilegiado estándar de vida, sus múltiples inmuebles y sus gastos con tarjeta de crédito. Todo derivó en una investigación judicial por enriquecimiento ilícito.
El 9 de junio, Adorni se sometió a un reportaje en LN+ con el periodista José Del Río. Allí ensayó algunas explicaciones sobre el ocultamiento de bienes. Su argumento central fue un "error involuntario".
"Admitió, no obstante, que mantuvo activos fuera del circuito formal y que no los había incluido en sus declaraciones juradas patrimoniales de los periodos 2023 y 2024”, precisaron los diputados en la denuncia.
Entre los bienes que el jefe de Gabinete omitió declarar, los legisladores enumeraron: una propiedad en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), un departamento en el barrio porteño de Caballito y otro inmueble heredado en La Plata.
También ocultó operaciones inmobiliarias por medio millón de dólares. Su defensa, una y otra vez, fue la misma: "error involuntario", "no tomó dimensión" de la obligación legal.
Los diputados fueron contundentes en su crítica: “El jefe de Gabinete ignora que la ley se presume conocida por todos los habitantes de la Nación, incluso por los que dan en llamar ciudadanos comunes”.
El escrito judicial añade que el propio Adorni reconoció haber mantenido activos fuera del circuito formal. La contradicción es evidente: el funcionario que más debería conocer la ley, la violó. Y ahora, la Justicia deberá determinar si fue un simple descuido o una maniobra deliberada.
La oposición convocó a una sesión especial para interpelar a Manuel Adorni por inconsistencias en su declaración jurada y millonarias tenencias en Bitcoin
La oposición logró este jueves convocar una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 23 de junio contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que presentara su declaración jurada el pasado miércoles por la noche.
El temario incluye cinco pedidos de interpelación para el funcionario, los que podrían derivar en una moción de censura.
El instrumento, previsto en el artículo 101 de la Constitución, permite al Congreso remover al jefe de Gabinete si reúne la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras.
El detonante fue la declaración jurada que Adorni presentó esta semana. En el documento, el funcionario incorporó activos que antes no figuraban: US$300.000 originados en operaciones con Bitcoin entre 2013 y 2018.
Citan a Manuel Adorni a interpelación por su contradictoria declaración jurada
Según su relato, las ganancias habrían surgido a partir de una inversión inicial de US$200.000. La novedad reabrió una contradicción con lo que el propio Adorni había dicho tiempo atrás en el Congreso.
En aquella oportunidad, el funcionario había sostenido: “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.
El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) fue el autor del último pedido de censura. En su presentación, sostuvo que el jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud.
Además, criticó la actitud del funcionario: “La relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los fundamentos sobre los cuales descansa la confianza ciudadana en las instituciones”.
Pese al ruido político, la convocatoria no implica una amenaza inmediata para Adorni. Los proyectos de moción de censura todavía no tienen dictamen de comisión.
La oposición primero deberá aprobar, con mayoría simple, un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. El problema es que ambas están bajo control de La Libertad Avanza. Sin ese emplazamiento, no hay forma de obligarlas a tratar los pedidos.
El oficialismo, entonces, tiene la sartén por el mango. Puede frenar la interpelación y la censura con una mayoría simple en las comisiones.
