El operativo que el gobierno de Javier Milei montó el 6 de agosto frente al Congreso ya tiene su primer capítulo judicial. Y no es menor.
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El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y contra el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, de la Policía Federal, por el accionar de las fuerzas durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La presentación, que quedó en manos del juzgado federal N°1 de María Servini y la fiscalía de Carlos Rívolo, apunta a los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales.
El costo político de la represión: denunciaron a Monteoliva y a un comisario de las fuerzas
El escrito no se anda con vueltas. Apunta directamente a los que mandaron y a los que ejecutaron. Sostiene que la manifestación arrancó en paz, como suelen arrancar la mayoría de las protestas, pero que con el correr de las horas la cosa se fue poniendo cada vez más pesada.
Y ahí aparecen los camiones hidrantes, los gases, las balas de goma, los empujones. Un operativo que, según la denuncia, involucró a unos 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.
Pero lo que más llamó la atención, y lo que la denuncia subraya con fuerza, es la aparición del comisario Gauna. El hombre aparece en varios videos que circularon por redes y en los medios.
En las imágenes, no tiene uniforme, está vestido de civil, y tiene un arma larga en la mano. Se lo ve disparando. No se sabe si era munición de goma o de verdad, pero el hecho es que un funcionario policial, sin identificación visible, estaba disparando en medio de una protesta.
Dalbón pide que lo aparten de sus funciones mientras se investiga. Y también quiere saber quién le dio el arma, quién le ordenó actuar así y si eso era parte del plan o fue una decisión personal del comisario.
Uno de los puntos más graves de la denuncia es lo que pasó con los periodistas. La protesta estaba repleta de trabajadores de prensa, haciendo su trabajo, cubriendo lo que pasaba. Y varios de ellos terminaron heridos.
El caso más grave es el de una fotógrafa que recibió un impacto en la cabeza y terminó con traumatismo craneal. La denuncia dice que no fue un hecho aislado: que hubo una secuencia de agresiones a la prensa que demuestra que no fue casualidad.
La pregunta es que si todo esto fue una decisión política de la ministra o si el comisario Gauna lo llevó a cabo por su cuenta.
La denuncia quiere que la Justicia responda eso. Y también quiere saber si el gobierno tiene una política sistemática de represión o si esto fue un error.
