El juez federal Ariel Lijo firmó este viernes un segundo procesamiento por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
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La resolución, de 553 páginas, da por probada una nueva estructura delictiva que operó dentro y fuera del organismo entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Los acusados: el ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Ornella Calvete y un nutrido grupo de empresarios vinculados a las firmas proveedoras.
Volvieron a procesar a Spagnuolo por una segunda estructura de corrupción en la ANDIS
La causa ya tenía un primer tramo. Este nuevo capítulo se enfoca en las contrataciones del rubro insumos: prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas y materiales para cirugías complejas.
Todo direccionado desde el Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y enfermedades crónicas graves en situación de pobreza estructural. Los montos involucrados en este segundo hallazgo ascienden a $75,5 millones.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Franco Picardi, reconstruyó el mecanismo. Según la imputación, los funcionarios "direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo" para que "sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios a cambio de retornos y dádivas de diversa índole".
Más de veinte empresarios a través de más de treinta firmas habrían formado parte del entramado.
El juez Lijo no habló de irregularidades aisladas. En el fallo sostuvo que "las pruebas reunidas permiten sostener que no se trató de irregularidades aisladas, sino de una actuación organizada y sostenida en el tiempo".
La estructura, según la resolución, operaba mediante "manipulación sistemática de los procedimientos de contratación, selección arbitraria de proveedores, circulación de información privilegiada, simulación de competencia, direccionamiento de adjudicaciones y gestión de pagos".
Un relevamiento técnico del Ministerio de Salud expuso diferencias de precios por al menos $1.849 millones en operaciones de insumos.
Si se suman los $5.984 millones ya detectados en el rubro medicamentos, la cifra total asciende a $7.833 millones. El propio Lijo aclaró que estas estimaciones son "provisorias y parciales", construidas solo sobre las operaciones que pudieron compararse con valores de referencia.
La resolución procesó sin prisión preventiva a 19 personas y amplió el procesamiento de otras 5. Spagnuolo, Garbellini y Calvete fueron imputados como jefes de la asociación ilícita.
Entre los empresarios procesados aparecen nombres vinculados a firmas como Expo Trauma, Artrobone Ortopedia, Cirugía Alemana, Laboratorio Ortopédico Sagués, Med-El Latino América, Meridius, Neurosalud, Ortopedia Bernat y Bymax Medical, entre otras.
El fallo también alcanzó a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola y Alberto Denholm, señalados como piezas clave dentro de la estructura administrativa del organismo, particularmente en la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos y el seguimiento de pagos.
Además, Alan Pocovi y Sergio Mastropietro fueron procesados por asociación ilícita y lavado de activos agravado por circuitos financieros vinculados a Calvete y a la sociedad Baires Fly. Lautaro Brítez también fue imputado como miembro de la organización.
Los delitos atribuidos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado y, en algunos casos, lavado de activos agravado.
Para Lijo, "la significación penal de los hechos no se agota en los sobreprecios que pudieron cuantificarse". Lo central, remarcó, es haber reconstruido "un mecanismocuantificarse". Lo central, remarcó, es haber reconstruido "un mecanismo organizado de contratación pública puesto al servicio de intereses particulares".
