El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para reforzar el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares, en respuesta a la iniciativa del oficialismo que busca reducir su protección.
“El acceso al agua es un derecho y una condición para el desarrollo. Cualquier retroceso en la protección de los glaciares compromete el futuro de nuestras comunidades”, señaló Valdés al presentar la iniciativa. En la Argentina existen cerca de 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas y garantizan agua para millones de personas.
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La iniciativa reafirma la necesidad de sostener un piso legal común de estándares ambientales para todo el país, preservando los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce esenciales para el consumo humano, la producción agrícola, la recarga de cuencas hidrográficas, la generación de energía, la biodiversidad, la investigación científica y el desarrollo turístico.
"En un Estado federal, la protección de estos ecosistemas requiere la coordinación entre Nación y provincias, en línea con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2019 remarcó el carácter estratégico del recurso hídrico y la necesidad de considerar de manera sistémica la preservación ambiental cuando está en juego el acceso al agua de grandes poblaciones", explicó el diputado en su proyecto.
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La propuesta de Eduardo Valdés
La propuesta del diputado también se inscribe en los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco del Acuerdo de París y retoma advertencias de organizaciones ambientales que vienen señalando los riesgos de flexibilizar la normativa vigente. Entre ellas se encuentran Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Jóvenes por el Clima, que alertaron sobre el impacto que tendría una reducción de los estándares de protección en plena crisis climática.
En ese sentido, la iniciativa pone especial énfasis en la defensa de las poblaciones cordilleranas y de las localidades ubicadas aguas abajo de los sistemas glaciares, que podrían ver afectada tanto la disponibilidad como la calidad del recurso hídrico ante la expansión de actividades extractivas sin controles adecuados.
“El acceso al agua y la protección de los glaciares no son solo una cuestión ambiental, sino un tema de soberanía, desarrollo y justicia social”, sostienen los fundamentos del proyecto, que busca consolidar un marco normativo robusto frente a cualquier intento de retroceso en la protección de uno de los bienes estratégicos más importantes del país.
