El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares vigente desde 2010.
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Según el Ejecutivo, la norma actual generó “inseguridad jurídica”, frenó inversiones y limitó el ejercicio de las provincias sobre sus recursos naturales.
Desde la Oficina del Presidente explicaron que la iniciativa apunta a poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar lo que definieron como un “federalismo ambiental”.
Milei presentó en el Congreso su reforma de la Ley de Glaciares: qué cambios propone
La reforma propone proteger únicamente los glaciares que cumplen una función hídrica real, reforzar los estándares ambientales y eliminar la discrecionalidad que, según el Gobierno, obstaculizó el desarrollo económico del país.
También se destaca el papel de las provincias. El proyecto reconoce su capacidad técnica y científica para evaluar impactos ambientales y busca coordinar esa información con el Inventario Nacional de Glaciares, para que las decisiones se tomen con datos precisos y actualizados.
El Ejecutivo asegura que la iniciativa respeta la Constitución: protege el ambiente sin impedir el desarrollo humano y reafirma el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales.
En el comunicado oficial, el Gobierno señaló que la reforma responde a un pedido de las provincias de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), y enmarca los cambios dentro de su política de ordenar el Estado y “liberar las fuerzas productivas” del país.
El Ejecutivo pidió al Congreso un tratamiento ágil del proyecto y destacó la importancia de la participación ciudadana durante la sanción.
Según el Gobierno, esta reforma busca ser un paso decisivo para garantizar reglas claras, federalismo real y desarrollo económico.
El Gobierno modificará la Ley de Glaciares y expandirá las posibilidades de explotación
El Poder Ejecutivo prepara una serie de modificaciones de la "Ley de Glaciares", que saldrá por decreto para ampliar los márgenes de explotación sobre los hielos nacionales. Se trata de una serie de modificaciones sobre la ley 26.639, para habilitar la actividad económica en las zonas periglaciares.
Según adelantó el medio TN, los equipos del Gobierno trabajan en una reducción de las áreas prohibidas para la instalación de industrias, de la exploración minera e hidrocarburífera, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura que no esté relacionada con la investigación científica.
En la actualidad, por la mencionada ley, existen multas de cien a cien mil salarios básicos de la Administración Pública, sumado a la suspensión y el cese definitivo de quienes infrinjan las áreas bajo reglamentación.
En este sentido, afirman que en el Ejecutivo buscan restringir la protección de las áreas cercanas a los glaciares a las que únicamente sean de roca o de escombros activos. Asimismo los funcionarios nacionales quieren que se exija la obligación de que tengan una superficie de mínima de una hectárea, junto con una duración de al menos dos años, que cumplan una función hídrica relevante y que estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Por otro lado, afirman que el oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y aseguran que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión.
Impacto ambiental
Expertos del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) destacan que estos ecosistemas no solo abastecen de agua a millones de personas, sino que son reservorios críticos frente al cambio climático. La posible degradación de estas zonas, alertan, podría tener impactos irreversibles.
La medida es justificada con el argumento de brindar "seguridad jurídica" a inversiones en proyectos industriales y extractivos, ha reavivado tensiones con ambientalistas, quienes advierten sobre riesgos para ecosistemas montañosos clave en la regulación del clima y el abastecimiento de la población.
