El jueves a las dos de la tarde la oposición va a intentar algo que no logró en casi tres años: sentar a 129 diputados para votar el decreto 70/2023. Escribo hoy porque en estos días vamos a escuchar que se trata de una pelea entre políticos, y no lo es. Ese decreto nos cambió el alquiler, la prepaga, la tarjeta y la regla sobre quién puede comprar la tierra. Conviene acordarse de qué dice antes de que nos expliquen que voltearlo sería una catástrofe.
Milei lo firmó el 20 de diciembre de 2023, diez días después de asumir. Tiene 366 artículos y derogó o modificó 87 normas. No pasó por el Congreso: se anunció por cadena nacional y al día siguiente era ley. La Constitución permite estos decretos solo cuando es imposible seguir el trámite ordinario. El propio texto le puso fecha a la urgencia: declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Ese día pasó. El decreto sigue.
Sigue por una razón que parece un chiste. El Senado lo rechazó en marzo de 2024, por 42 votos contra 25. Pero la ley que regula estos decretos exige el rechazo de las dos cámaras, y Diputados nunca lo trató. Así, una norma «de necesidad y urgencia», repudiada por la mitad del Congreso, nos gobierna hace dos años y diez meses. Los detalles los cuento en "Algo salió mal", el stream de Data Diario que va de lunes a jueves de 9 a 11 horas por Youtube.
Lo que nos costó
Voy a los números, que es donde esto deja de ser una discusión de abogados.
El decreto derogó la ley de alquileres. Según el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 los alquileres subieron 423%, contra una inflación de 209%. El doble. Una encuesta del CELS muestra además qué pasó con los contratos: los de tres años eran el 42% y hoy son el 9%, y casi nueve de cada diez se actualizan en menos de seis meses.
Liberó las cuotas de las prepagas. Según el Instituto Argentina Grande, desde noviembre de 2023 hasta junio de este año subieron 460%, contra 320% de inflación. En abril de 2024 hasta el ministro Caputo dijo que las empresas le estaban «declarando la guerra a la clase media», y el Gobierno tuvo que ordenarles volver atrás por seis meses. El mismo instituto calcula, con datos del INDEC, que hay 1,2 millones de personas más sin prepaga, obra social ni mutual. La Superintendencia de Salud lo discute y dice que el total de afiliados a prepagas no cayó. Las dos cosas pueden ser ciertas: mucha gente perdió la obra social porque perdió el trabajo.
Le sacó el tope al interés punitorio de las tarjetas, que antes no podía superar en más de la mitad al interés normal. No tengo cómo probar que eso explique la mora, y no lo voy a afirmar. Sí digo que entre diciembre de 2024 y julio de 2026 las familias que no pueden pagar sus deudas pasaron de 2,5% a 12,9%, según el Banco Central, y que la regla que las protegía de los recargos ya no existe.
Y borró, con una línea, la ley que impedía que los extranjeros tuvieran más del 15% de la tierra. Ya hay 13,2 millones de hectáreas en manos extranjeras. La Corte suspendió ese artículo el viernes, de manera provisoria, justo cuando el tema amenazaba con juntar los votos que faltan.
El oficialismo responde con una palabra: caos. Martín Menem dice que si el decreto cae los alquileres suben 40%. Es un pronóstico suyo. Hay un argumento más serio, y prefiero decirlo yo: las leyes derogadas no vuelven solas. Un informe privado que publicó El Cronista advierte que habría un período de dudas hasta que el Congreso defina qué regla rige. Es verdad. Pero eso, que el Congreso discuta y vote, es exactamente lo que debió pasar en 2023.
Mi lectura es que el jueves no se vota si nos gusta más una ley de alquileres o la otra. Se vota si un presidente puede cambiar 87 normas en una noche y sostenerlas tres años con el voto de nadie. Si eso queda firme, el próximo decreto ya sabe el camino.
