El Estado nacional le pagó casi 110 millones de pesos a un funcionario por un despido y, apenas 24 horas después, lo volvió a contratar en otro organismo público.
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El caso, que generó una ola de cuestionamientos, involucra a Daniel Alfredo Neira, quien se desempeñaba como subdirector de Contabilidad y Finanzas en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Neira dejó formalmente el Enacom el 31 de julio de este año con una liquidación neta de $109.781.999,73. La planilla de egreso detalla $73.067.618,10 por antigüedad, $9.742.349,08 de preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas. La desvinculación se encuadró como despido sin causa, en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al día siguiente, el 1° de agosto, Neira ya estaba otra vez en la nómina estatal. Asumió como gerente de Contabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el mismo organismo donde había trabajado desde 2012.
Polémica: el Estado indemnizó a un funcionario y lo volvió a contratar al día siguiente
El dato que complica la situación no es solo el monto de la indemnización. Según la documentación publicada, los trámites para designarlo en el INTA comenzaron el 1° de julio, 23 días antes de que le notificaran la rescisión en el Enacom, el 24 de julio.
La secuencia es llamativa: quedó habilitado para cobrar la indemnización el 28 de julio, cesó en sus funciones el 31 y el 1° de agosto ya estaba trabajando en el INTA. No hubo, en los papeles, un solo día de desocupación real.
Fuentes del sector describieron la operatoria como un "despido simulado" para percibir la indemnización en lugar de un traslado o una renuncia, que no habrían disparado ese pago.
Desde el gremio APINTA, que pidió la remoción inmediata del funcionario, calificaron la maniobra como una "empleomanía clientelar de alta gama" y advirtieron que "el perjuicio fiscal ocasionado por el ardid no es menor a los 110 millones de pesos".
Los controles que no funcionaron
El Consejo Directivo del INTA trató el expediente en una reunión cerrada y consultó a su área Jurídica. Esa área sostuvo que un despido sin causa no impide reingresar al sector público y que no se violó la Ley de Ética Pública. El organismo no tomó una decisión de fondo.
Neira sigue bajo una designación transitoria de 180 días, aprobada el 3 de septiembre con efecto retroactivo al 1° de agosto. Una fuente oficial admitió que "pudo haber un error en no fijarse si había sido indemnizado" y que el caso podría revisarse en una próxima reunión.
La Procuración del Tesoro considera al Estado un único empleador en sentido amplio. Es decir, el mismo bloque que lo echó lo volvió a tomar. Abogados especializados en derecho administrativo advierten que esa secuencia puede configurar un enriquecimiento sin causa y habilitar un reclamo de repetición del dinero.
El episodio ocurre en pleno discurso de recorte del gasto público. Mientras el Gobierno pregona la austeridad, el Enacom pagó una salida millonaria y el INTA cubrió el puesto sin concurso, por "urgencia" tras retiros voluntarios y con recomendación interna.
