El Gobierno comenzó a rematar edificios públicos. Con el objetivo de "achicar gastos" y "eficientizar el rol del Estado", la administración que preside Javier Milei convocó este viernes a una subasta para vender los terrenos donde está ubicado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Lo confirmó a través de la Resolución 70/2024 publicada en el Boletín Oficial.
La propiedad se encuentra situada en la calle Cerviño 3101/67, en el barrio porteño de Palermo. Allí trabajan 140 personas, repartidas entre Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección Relaciones Internacionales y Dirección Vinculación Tecnológica.
La medida había sido adelantada hace un mes, cuando desde el Poder Ejecutivo aseguraron que subastarían edificios públicos e inmuebles estatales.
Este terreno, con una superficie cubierta de 3.143,53 m², será ofrecido al mejor postor en una subasta abierta. Con un valor base fijado en USD 6.378.968, el proceso se llevará a cabo a través de la plataforma digital SUBAST.AR, alineándose con los estándares de transparencia y eficiencia promovidos por el gobierno.
De esta manera, se venderá el total del edificio, aunque desde al instituto había llegado la información de que posiblemente pudiera ser “subocupado”. Si bien los trabajadores realizaron protestas, el Gobierno se mantuvo firme en su objetivo.
Subastarán un edificio del INTA
En detalle, la resolución, firmada por el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) Nicolás Alberto Pakgojz, dispone: "Autorízase la convocatoria mediante el procedimiento de Subasta Pública N° 392-0206-SPU24 para la venta del inmueble sito en la calle Ortiz de Ocampo esquina Cerviño Nº 3101/3129/3167, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de terreno según catastro de novecientos diecinueve metros cuadrados con diez centímetros cuadrados (919,10 m2) y una superficie cubierta total de tres mil ciento cuarenta y tres metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros (3.143,53 m2).
Además, establece: “La presente medida se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo de hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.
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