El Gobierno de Javier Milei concretó uno de los movimientos económicos y políticos más ruidosos y controvertidos de su mandato: el cierre definitivo de la licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná-Paraguay). Lo hizo al firmar el contrato de concesión, entregándole formalmente la llave del comercio exterior argentino al gigante belga Jan De Nul, en sociedad con la firma local Servimagnus.
Esta entrega de la principal ruta fluvial argentina ocurre bajo un denso clima de sospechas por el diseño de pliegos a la medida de los ganadores y un evidente entramado de amiguismo empresarial ligado a las terminales de decisión del oficialismo.
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Por medio de un comunicado, el Ministerio de Economía calificó la operación como un "hito histórico de transparencia" y celebró una "nueva era de gestión privada" para la ruta por donde sale el 80% de las exportaciones. Sin embargo, los anuncios de eficiencia comercial lucen como una cortina de humo para ocultar las irregularidades del proceso.
No se trata de un negocio menor: por esta estratégica ruta fluvial ingresa el 80% de las divisas por exportaciones del país y operan más de 60 terminales portuarias clave para la economía nacional.
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¿Qué rol ocupará el Estado?
Para tratar de "calmar las aguas" e intentar bajarle el precio al desprendimiento de algo vital para el país, el Palacio de Hacienda aseguró que el Estado mantendrá un rol de autoridad de control sobre las operaciones de la flamante firma Vía Navegable Argentina S.A.
Según el texto oficial, el Ejecutivo además "avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control", con la promesa de sumar a usuarios privados y provincias ribereñas.
Ese organismo estará integrado por representantes de los usuarios privados y de las provincias ribereñas, que tendrán la tarea de seguir la ejecución de la concesión y supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.
Cómo fue el proceso de adjudicación de la hidrovía
El Gobierno señaló que la licitación de la hidrovía incluyó mesas técnicas con usuarios privados, especialistas, productores, industriales, representantes del sector naviero y portuario, universidades y provincias involucradas en la vía navegable.
Además, indicó que el proceso contó con el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que, según el comunicado oficial, verificó la aplicación de las mejores prácticas internacionales durante la licitación.
El Ministerio de Economía también destacó que la licitación “no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes” y que con la privatización logró “resolver lo que por años no pudieron otros”, además de concluir “una de las licitaciones técnicamente más complejas del país”.
