El gobierno de Javier Milei finalmente cedió. Después de más de dos años de un conflicto que incluyó cuatro marchas federales, paros docentes, tomas de colegios, clases públicas y una judicialización que llegó hasta la Corte Suprema, el Ejecutivo y las universidades nacionales firmaron un acuerdo económico.
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La rúbrica se selló este mediodía en el Palacio Sarmiento, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con rectores y representantes gremiales.
Los números son los siguientes: un aumento salarial del 24,33%. Se desglosa en un 21,33% para junio y un 3% adicional en octubre.
Además, se suman $50.000 millones para los hospitales universitarios (que se agregan a los $80.000 millones ya previstos), un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano.
El gobierno cedió: las universidades consiguieron un aumento del 24% después de dos años de lucha
El acta firmada precisa que el ajuste contempla "la recomposición del desfasaje del año 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024".
La diferencia con la ley de financiamiento universitario (aprobada por el Congreso y que el gobierno nunca cumplió) es que en esta se reconocía la recuperación desde el 1° de diciembre de 2023. Acá, no.
Al salir de la reunión, el subsecretario Álvarez intentó bajar el tono del conflicto: “La idea nuestra como la de las autoridades universitarias y de la dirigencia sindical es dejar atrás el conflicto y pasar a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos todos nosotros, que es dar clase, que se recuperen los días perdidos”.
Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fueron más cautos. Señalaron que "esta actualización salarial y presupuestaria es un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente".
La demanda judicial, remarcaron, "se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva". En otras palabras: la pelea sigue.
Los gremios docentes también salieron a poner condiciones. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) emitió un comunicado en el que celebró el avance, pero advirtió: “La lucha sirvió, pero continúa. La firma de un acuerdo no implica resignar el reclamo por el cumplimiento efectivo y completo de la ley de financiamiento universitario”.
El derrotero del conflicto fue extenso. Desde abril de 2024, cuando la primera marcha reunió a más de 400.000 personas, hasta las clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni y la Corte Suprema.
Milei llegó a vetar la ley de financiamiento, el Congreso la ratificó, y la Justicia terminó ordenando su cumplimiento. El gobierno apeló, y el expediente está en la Corte.
Ahora, con una partida de $800.000 millones autorizada por el Ministerio de Economía y la promesa de paritarias cada tres meses, el sector universitario vislumbra un alivio parcial. Pero el problema de fondo, el de la ley de financiamiento que el gobierno se niega a aplicar en su
