El Gobierno nacional se vio obligado a dar marcha atrás en su intento de desregular el servicio de practicaje.
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El conflicto, que había paralizado más de 140 buques en los puertos argentinos desde el lunes, terminó con una clara derrota para el Ejecutivo, que aceptó reducir las tarifas del sector y suspender la aplicación del decreto que había desatado la crisis.
El acuerdo, cerrado este martes, establece una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques.
Además, el Gobierno se comprometió a suspender la aplicación del Decreto 690/2026, la norma que había desregulado el servicio y que motivó la medida de fuerza del sector.
El Gobierno dio el brazo a torcer: acordó con los prácticos y frenó la reforma del sector
Al aceptar conformar una mesa de trabajo, el Ejecutivo reconoció tácitamente que la reforma impulsada por Sturzenegger no era viable en los términos propuestos.
El Gobierno, que había apostado a eliminar restricciones en el sector, terminó cediendo ante la presión de los prácticos, que habían paralizado la operatoria de los puertos.
El paro, que afectó la comercialización de granos y combustibles, generó pérdidas millonarias y puso en evidencia la fragilidad del plan oficial.
El Gobierno había intentado inicialmente imponer su reforma por decreto, pero la resistencia del sector y el caos logístico lo obligaron a replegarse.
La intimación de Prefectura Naval a los trabajadores para que retomaran sus tareas no surtió efecto hasta que el Ejecutivo aceptó negociar.
Ahora, el Ejecutvo deberá sentarse a discutir con los prácticos en una mesa de trabajo que, en la práctica, significa el fin de la desregulación unilateral.
