El Gobierno nacional puso en marcha una masiva transferencia de tierras y edificios públicos hacia el sector privado, que involucra más de 180 activos distribuidos en todo el territorio. La iniciativa, gestionada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), abarca desde predios destinados originalmente a viviendas sociales y bases de las Fuerzas Armadas, hasta terrenos ferroviarios, áreas de investigación científica y sitios vinculados a la memoria histórica.
Mediante un mecanismo que ha evitado el paso por el Congreso Nacional, la gestión de La Libertad Avanza ya concretó la venta de aproximadamente 40 bienes y mantiene una hoja de ruta para subastar otros 140 lotes e inmuebles en lo que resta de su mandato. Por el momento, el epicentro de estas transacciones se sitúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde importantes grupos empresariales han tomado protagonismo.
Destaca el caso de Eduardo Costantini, quien adquirió lotes estratégicos para desarrollos de lujo, incluyendo un predio del Ejército por más de 120 millones de dólares y terrenos en el Bajo Belgrano. Según diversos análisis, el objetivo de recaudación global del Gobierno oscila entre los 800 y 1.000 millones de dólares.
El argumento oficial y la advertencia de los especialistas
La justificación de este plan fue delineada por el Ministro de Economía, Luis Caputo, quien vinculó estas acciones a la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central. "Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones", había expresado el funcionario al inicio del proceso.
Sin embargo, desde diversos sectores sociales y ambientales, la visión es opuesta. Expertos y organizaciones denuncian que se está frente a “uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente“, señalando que terrenos que debían servir para el Plan Procrear o el desarrollo social ahora se destinarán a la frontera agropecuaria o a negocios inmobiliarios de gran escala.
Casos emblemáticos: de la frontera andina a los sitios de memoria
La lista de activos para "subasta futura" incluye casos que han despertado particular controversia:
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El "pedazo de montaña": En Mendoza, dentro de Malargüe, se ofrece un predio de 13 hectáreas cerca de Las Leñas. El terreno, ubicado a 2.400 metros de altura, ya había sido motivo de disputa legal cuando la Nación lo recuperó tras un intento de cesión provincial para un centro de esquí. Ahora, el Estado busca su venta definitiva.
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Espacios de Memoria: Se han incluido predios que contienen ex Centros Clandestinos de Detención, como "La Huerta" en Tandil (un lote de 360 hectáreas), "La Perla chica" en Córdoba, "Puerta 8" en Campo de Mayo y el Regimiento 9 en Corrientes. En estos casos, el Gobierno sostiene que la venta se limita a los terrenos circundantes y no a los edificios históricos, bajo el argumento de fomentar el "desarrollo productivo".
Esta estrategia de liquidación de activos estatales corre en paralelo a la agenda de privatizaciones de empresas públicas, marcando un cambio estructural en la tenencia de la tierra por parte del Estado argentino.
