El Ejecutivo Nacional está avanzando con una nueva fase de ajuste en el empleo público, con planes de reducir la planta estatal en un 10% durante 2026, lo que equivaldría a la desvinculación de cerca de 28.000 trabajadores. El llamado "plan motosierra" es coordinado por la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, y el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, y esta vez se centrará en los organismos descentralizados.
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Las cifras del ajuste
Según la información más reciente del Indec, el sector público nacional (que incluye administración central, empresas y sociedades) emplea a un total de 285.570 personas.
Desde diciembre pasado, la administración de Javier Milei ya desvinculó a más de 58.000 personas, la mayoría de ellas en áreas centralizadas. Los sindicatos señalan que las cesantías de la próxima fase se concentrarían en entidades descentralizadas, tales como:
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Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación.
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Anses, Conadis, Enargas, Enre, Inta, Inti y Enacom.
El sindicato sostiene que la motivación detrás de estos despidos no es presupuestaria, sino que forma parte de una "estrategia de disciplinamiento y reconfiguración del Estado".
Reacción gremial y advertencias de ATE
La posibilidad de otro recorte masivo provocó una fuerte reacción del gremio ATE, que evalúa la opción de adelantar el paro nacional que estaba programado para coincidir con el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, acusó a Sturzenegger de promover un ajuste "ideológico" y lanzó una advertencia categórica: "No vamos a tolerar ningún despido".
En ese contexto, Aguiar profirió una amenaza directa contra el ministro: "Es un ser siniestro que viene por nosotros, pero tiene que saber que los estatales también vamos por él".
El líder sindical argumentó que los empleados estatales contratados "representan menos del 0,5% del presupuesto" del país, mientras que "la deuda externa supera el 25%". Aguiar también afirmó que el Gobierno "no quiere destruir el Estado, sino moldearlo para beneficiar a los grandes grupos económicos".
ATE advirtió que el eventual recorte del 10% es una "decisión política" y no fiscal. Si el Ejecutivo confirma las 28.000 cesantías, el sindicato prometió responder con la ampliación de medidas de fuerza en todo el territorio nacional.
