El plan de ajuste del Gobierno volvió a chocar con la Justicia, esta vez dándole marcha atrás a los recientes despidos que se aplicaron.
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Esta vez fue en San Martín, donde un juzgado federal suspendió la desvinculación de 300 trabajadores del INTA y advirtió que, si no se cumple, habrá que pagar $10 millones por cada día de incumplimiento.
La jueza Martina Frons tomó la decisión tras un nuevo planteo de ATE, que denunció un vaciamiento del organismo.
La Justicia frenó el pase a disponibilidad de 300 empleados del INTApidos en el INTI
La medida obliga al Ejecutivo a retrotraer los pases a disponibilidad que había intentado avanzar a través de una resolución del Ministerio de Economía.
El pase a disponibilidad implica que el trabajador queda sin tareas asignadas y percibe la mitad de su salario mientras espera ser reubicado en otro organismo.
Si en el plazo de 12 meses eso no ocurre, la relación laboral se considera finalizada.
“Estoy en el pase a disponibilidad. Sucede que a pesar de tener una cautelar a nivel judicial favorable a nosotros, salió la semana pasada. Y con haber el jueves logrado la sanción definitiva de rechazo al decreto que presentó el Presidente el 8 de julio, el último día de facultades delegadas”, contó Sebastián Fajardo, delegado de ATE en el INTA.
La disposición oficial que habilitaba esta medida planteaba que, aun sin concurrir a su puesto, el empleado debía permanecer localizable durante su horario laboral y responder a cualquier citación de la autoridad correspondiente.
Lo llamativo es que apenas la semana pasada el Congreso había rechazado la reestructuración del INTA y el mismo tribunal ya había frenado el decreto oficial.
Pese a todo, el Gobierno insistió con los despidos y terminó recibiendo otra cachetada judicial.
Desde el gremio celebraron el fallo y cargaron fuerte contra Milei. “En serio Presidente, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? Me parece que además de coimeros son bastante cabeza dura”, lanzó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
