El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo tropiezo legislativo.
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A pesar de haber presentado el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional como una prioridad inquebrantable y de haber calificado a Malvinas como una "causa sagrada", el oficialismo no logró reunir los consensos necesarios para firmar el dictamen de mayoría.
La reunión plenaria de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue postergada para este martes 27 de octubre a las 16, y pocos apuestan a que el texto llegue al recinto esta semana.
Malvinas: el oficialismo busca dictamen de urgencia y cita a un plenario de comisiones para el martes 27
El vocero presidencial, Adrián Ravier, intentó sostener el discurso oficial tras la reunión con diputados aliados y de la oposición: "Esperamos que la semana que venga haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos".
Además, sentenció que la causa Malvinas "es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro". Sin embargo, la realidad legislativa parece contradecir ese optimismo.
El problema no es solo de tiempos, aunque el calendario juega en contra: noviembre está prácticamente "sold out" con la discusión del Presupuesto 2027, los feriados por la visita del papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos.
La fecha del miércoles 28 de octubre aparece como la última ventana posible, pero el oficialismo aún no tiene los votos asegurados. La oposición ya adelantó que no acompañará sin cambios sustanciales.
Las críticas al proyecto son profundas y transversales. Desde Unión por la Patria, el ex canciller Jorge Taiana calificó la iniciativa como un "caballo de Troya" que, bajo la excusa de defender la soberanía, busca modificar el sistema de seguridad nacional por vías indirectas.
El diputado Agustín Rossi fue aún más duro: consideró que se trata de una "ley ómnibus" y "una trampa" para concentrar poder en el Ejecutivo. No es la única voz: el CELS advirtió que el proyecto "rediseña áreas centrales del Estado" en nombre de la soberanía.
Los puntos más controvertidos son varios. El primero es el juicio en ausencia, una figura de aplicación excepcional en el derecho argentino que permite condenar a personas que no están presentes en el proceso.
El segundo es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con facultades para restringir operaciones financieras, bloquear activos y suspender contrataciones ante una "amenaza grave e inminente". La oposición teme que esta herramienta concentre demasiado poder y se use para perseguir opositores.
El tercer punto es el protocolo de uso de la fuerza, que autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados "hostiles" como último recurso. Expertos y legisladores cuestionan la falta de precisión sobre qué se considera una "amenaza externa" o una "actividad terrorista".
Y el cuarto es el artículo 111, que tipifica delitos como la "desinformación masiva" y la "manipulación de la opinión pública", lo que generó alertas sobre un posible uso para limitar la libertad de expresión.
