El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que propone cambios en materia de seguridad, defensa, protección de recursos naturales e infraestructura crítica. El documento entró este jueves a la Cámara de Diputados y ahora deberá iniciar su tratamiento parlamentario.
De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.
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La propuesta había sido anunciada por Milei el 3 de septiembre, en el marco de las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Según la Casa Rosada, el objetivo es ampliar las herramientas estatales para defender la soberanía y coordinar las áreas vinculadas con Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía.
“La medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”, remarcaron.
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Las reformas
La norma deroga la Ley N° 26.659, sancionada en 2011, que limitaba las sanciones a la actividad hidrocarburífera. El nuevo esquema amplía el universo de conductas punibles a todas las formas de aprovechamiento de recursos naturales, renovables y no renovables, en el área bajo disputa.
Las escalas penales que propone el Ejecutivo son las siguientes:
* Quien explore o explote recursos naturales no renovables sin autorización enfrentará entre 12 y 20 años de prisión. Si la actividad involucra específicamente extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la pena sube a un rango de 15 a 20 años, con multas que pueden llegar a 3 millones de barriles de petróleo equivalentes. Los proveedores de bienes o servicios esenciales que participen conociendo el destino ilícito de su aporte podrán recibir entre 5 y 7 años de prisión, mientras que las multas para las empresas involucradas se ubican entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo.
* A las penas privativas de la libertad se suman sanciones administrativas: inhabilitaciones de 5 a 20 años para ejercer actividades económicas, suspensiones que pueden extenderse hasta 30 años, revocación de habilitaciones y pérdida de beneficios impositivos. El proyecto también incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización, que permite a las empresas abandonar la actividad irregular mediante el pago de una multa, una vía de salida que atenúa el carácter estrictamente punitivo de la norma.
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Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto propone crear un Sistema de Seguridad Nacional cuyo órgano rector será un Consejo de Seguridad Nacional. El organismo estará encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.
Entre sus integrantes estarán el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y el secretario Legal y Técnico.
El objetivo será coordinar políticas que actualmente dependen de diferentes organismos y establecer una Política de Seguridad Nacional de aplicación transversal. El esquema contempla cuestiones diplomáticas, económicas, militares, de inteligencia y ciberseguridad.
