El gremio del gas no aguantó más. La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional. El motivo: una ola de despidos y una avanzada de la tercerización que, según denuncian, está vaciando puestos de trabajo históricos.
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Y todo esto ocurre mientras las empresas del sector atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años.
Los números no mienten. Las distribuidoras y transportadoras de gas vienen con balances favorables, aumentos tarifarios autorizados y una mejora sostenida de sus indicadores financieros.
Sin embargo, en lugar de invertir en personal y seguridad, optaron por reducir su planta propia. La federación lo dijo sin vueltas: no es una necesidad operativa, es una estrategia para abaratar costos a costa de los trabajadores.
Estado de alerta en el gremio del gas: denuncian despidos y una tercerización salvaje
La práctica no es nueva, pero se aceleró en los últimos meses. Empresas que antes tenían equipos propios de técnicos y especialistas ahora prefieren contratar servicios tercerizados.
El resultado: trabajadores con menos derechos, salarios más bajos y, en muchos casos, falta de capacitación técnica para manejar un servicio público tan sensible como el gas.
La federación fue contundente en su comunicado. Denunció que las desvinculaciones no responden a ninguna necesidad real. Al contrario. El sector viene creciendo. Las tarifas aumentaron. Las empresas facturan más.
Entonces, para el gremio, el motivo por el cuál echan a los empleados se responde en que quieren reemplazar trabajadores en relación de dependencia por mano de obra más barata y precarizada.
El problema no es solo gremial. La seguridad de las instalaciones de gas también está en juego. Tareas que históricamente hacía personal especializado ahora están en manos de terceros que, en muchos casos, no tienen la misma capacitación
El estado de alerta nacional no es una declaración menor. Implica que el gremio está dispuesto a tomar medidas de fuerza si las empresas no frenan los despidos.
También es un llamado de atención al gobierno. Los trabajadores del gas no se van a quedar de brazos cruzados mientras pierden sus puestos.
La federación exigió el cese inmediato de las desvinculaciones, la preservación de los puestos de trabajo y el respeto de los derechos laborales adquiridos. También pidió que se implementen políticas de capacitación y estabilidad. Nada del otro mundo. Lo básico.
Milei suele decir que el Estado no debe meterse en el mercado. Que las empresas son libres de contratar y despedir. Pero el gas no es un bien cualquiera.
Es un servicio público esencial. Y cuando las empresas toman decisiones que afectan la seguridad y la calidad del servicio, el Estado tiene que intervenir. Por ahora, no lo hace.
La postal es contradictoria. Las empresas de gas festejan balances récord. Los inversores se frotan las manos. Las tarifas se disparan. Pero los trabajadores, los que realmente sostienen el sistema, son despedidos o reemplazados por personal precarizado.
El estado de alerta nacional es un síntoma de algo más profundo. La desregulación no trajo más eficiencia, trajo despidos. La libertad de mercado no generó más inversión, generó precarización.
Mientras tanto, los usuarios, que pagan tarifas cada vez más altas, también son víctimas de este modelo. Porque un servicio con personal mal capacitado es un servicio más riesgoso.
