La Ley de Salud Mental fue aprobada este viernes por el Senado de la Nación. El proyecto, que introduce cambios en puntos clave como las internaciones involuntarias, consumos problemáticos y organización de los servicios de atención, fue aprobado con 42 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención, y ahora pasará a Diputados.
El dictamen de mayoría pudo sancionarse con el voto de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas, y Movere Santa Cruz. El rechazo al proyecto cosechó 21 votos del bloque Justicialista, Independencia, y Convicción Federal.
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El debate cerró una extensa sesión que comenzó este jueves a las 14 y también incluyó la aprobación del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un marco normativo para el mercado del carbono, una invitación al Papa León XIV para que hable en el Congreso y la citación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que presente su informe de gestión.
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¿Cuáles son los principales cambios sobre la Ley de Salud Mental?
Respecto a los principales cambios que introduce esta ley se encuentra que las internaciones voluntarias deberán ser comunicadas a la Justicia y los jueces podrán solicitar informes y peritajes, incluso dejarlas sin efecto. Además, las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en dos años, serán consideradas prolongadas.
En el caso de las internaciones involuntarias, sustituye el requisito de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" por el de "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros". La evaluación deberá considerar no solo el estado del paciente al momento de la consulta, sino también los antecedentes de hechos o ideas de daño y las posibles consecuencias de no realizar el tratamiento.
El texto mantiene la prohibición de los manicomios y contempla los tratamientos ambulatorios y comunitarios. También incorpora la ludopatía entre las adicciones, habilita las teleconsultas con psiquiatras y permite que las personas dejen expresado de antemano si aceptan o rechazan determinados tratamientos.
Uno de los puntos más discutidos fue quién estará habilitado para firmar una internación. La última versión establece que deberá hacerlo un médico, preferentemente psiquiatra, o un profesional con formación en salud mental. Además, incorpora una segunda firma, pensada para los psicólogos, que intervendrán en la evaluación y el alta.
El proyecto también incorpora el derecho de que las personas establezcan directivas anticipadas sobre su salud mental, mediante las cuales pueden consentir o rechazar determinados tratamientos y designar a personas para que expresen su consentimiento cuando no puedan hacerlo por sí mismas. Estas directivas deben ser aceptadas por el equipo interdisciplinario, salvo cuando impliquen un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros.
