El presidente Javier Milei ejecutó este jueves un fuerte cambio en la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que incluyó el despido de 12 trabajadores civiles, entre ellos el hasta hoy intendente del predio, Osvaldo Javier Sosa.
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Como parte del nuevo esquema, la Casa Rosada resolvió disolver el área administrativa previa y traspasar la responsabilidad integral del predio a la Casa Militar, el cuerpo encargado de la custodia del jefe de Estado que responde de forma directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Fuentes oficiales argumentaron que la medida responde a un endurecimiento en los protocolos de protección presidencial tras detectarse "filtraciones" de información sensible sobre las actividades del presidente Javier Milei y de su entorno más cercano, identificadas tras una investigación interna como un presunto riesgo para la seguridad institucional.
Justificación oficial: estándares internacionales y la visita papal
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo informó que la Casa Militar asumirá la gestión integral de la seguridad tanto en Olivos como en las residencias transitorias del mandatario y su familia, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y elevar las exigencias operativas.
Desde la Casa Rosada fundamentaron la decisión en el marco del contexto internacional y los preparativos para la llegada del Papa León XIV a la Argentina. Según el texto oficial, la visita del Sumo Pontífice requerirá el ingreso de personal externo para obras de acondicionamiento e infraestructura, lo que exigió —según el Gobierno— un refuerzo preventivo en los controles y en el manejo del personal dentro de la residencia.
Causas paralelas: enojo por gastos millonarios y un incidente con las mascotas
Pese a la explicación formal orientada a la seguridad, versiones internas del edificio presidencial señalan que la decisión se desencadenó tras la filtración periodística de una compra de 29 toneladas de carne destinada a la residencia por un monto superior a los 500 millones de pesos, situación que causó un fuerte malestar en la conducción del Ejecutivo.
A esto se sumó un episodio ocurrido en el predio con la salud de uno de los perros del Presidente, que debió recibir atención en la guardia veterinaria montada dentro de la residencia producto de una intoxicación. Ante la sospecha de un eventual intento de envenenamiento y la seguidilla de datos filtrados, el Gobierno resolvió desplazar a la plantilla de empleados civiles históricamente vinculada a la gestión de la residencia, dejando en sus puestos únicamente a un equipo mínimo de mantenimiento técnico
