El préstamo se enmarca en el denominado "Programa de Apoyo a la Estabilidad Macroeconómica", cuyo objetivo declarado es fortalecer las reservas del Banco Central, estabilizar el mercado cambiario y mejorar la política monetaria. Sin embargo, el costo de esta operación recaerá nuevamente sobre las espaldas de los argentinos.
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El acuerdo incluye una serie de condiciones impuestas por el organismo internacional, entre ellas la aplicación de reformas estructurales y evaluaciones periódicas de cumplimiento. Es decir, no se trata solo de un préstamo, sino de una nueva cesión de soberanía económica frente a exigencias externas.
Según el contrato aprobado, el país comenzará a pagar la deuda tres años después de recibir el dinero, en cuotas semestrales durante un plazo total de siete años. Mientras tanto, los intereses y compromisos asumidos marcarán el rumbo de las políticas económicas en el corto y mediano plazo.
Desde el Ministerio de Economía, se justificó la operación señalando que permitirá “incrementar la estabilidad del mercado cambiario” y “mejorar la balanza de pagos”, con la promesa de un entorno más predecible. Pero para muchos analistas, se trata de una salida transitoria que repite una lógica conocida: endeudarse para ganar tiempo, a costa del futuro.
Este préstamo se suma a una larga lista de compromisos financieros internacionales que arrastra la Argentina y que condicionan su autonomía para tomar decisiones económicas soberanas. A medida que se acumulan las deudas, se amplía también la incertidumbre sobre cómo y cuándo el país podrá recuperar un camino de crecimiento sustentable.
Mientras tanto el gobierno nacional no para de perder reservas internacionales del Banco Central. En su política de no intervención cambiaria, en las últimas cinco jornadas, la autoridad monetaria perdió casi 1000 millones de dólares, lo que representa un 5% del total del último préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
