En esta segunda etapa de su mandato, el Gobierno de Javier Milei apura las privatizaciones de empresas públicas. Si bien decidió dar marcha atrás con YPF (ya que se dio cuenta que la empresa le daba grandes beneficios), el Ejecutivo ahora va por el remate de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
En este contexto, este martes aprobaron el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado Nacional y la empresa, en el marco del proceso de la privatización. Se hizo mediante la Resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial.
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La medida se encuadra en la Ley de Bases, que declaró “sujeta a privatización” a AySA y encomendó al Ejecutivo la organización de los procedimientos necesarios para llevar adelante la venta de la mayoría accionaria a un operador estratégico.
Según lo establecido, el proceso prevé la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto podrá colocarse en bolsas y mercados del país.
El modelo aprobado mantiene el sistema de concesión vigente, pero introduce una reorganización integral del servicio, con el objetivo de dotarlo de mayor claridad normativa y previsibilidad. En ese sentido, el contrato fija derechos y obligaciones tanto para el concedente como para el futuro concesionario.
El contrato aprobado dispone que la concesión tendrá un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
Los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que tendrá injerencia son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Las claves del proceso de privatización de AySA
1. Un contrato para el futuro concesionario
La novedad central es la aprobación del contrato que regirá la futura operación privada del servicio de agua y saneamiento en el AMBA. No es la venta en sí misma, sino la arquitectura regulatoria que permite hacerla.
2. Privatización con modelo mixto
El esquema combina ingreso de un operador privado con control accionario mayoritario y eventual colocación de parte del paquete en el mercado, una ingeniería pensada para atraer inversores y valorizar la compañía.
3. Tarifas e inversiones, en el centro
Uno de los puntos más sensibles es que el nuevo esquema pone foco en compromisos de inversión, expansión de redes y sustentabilidad financiera del servicio, lo que inevitablemente reabre el debate sobre tarifas.
4. Nuevo marco regulatorio
La privatización viene acompañada por cambios normativos previos que rediseñaron las reglas del sector, desde condiciones de prestación hasta mayores facultades para el concesionario. Ese rediseño fue leído como el andamiaje previo para el ingreso privado.
5. La discusión política: agua como servicio o negocio
La privatización reabre una discusión histórica: si el agua debe administrarse bajo lógica de servicio público o bajo criterios de rentabilidad con regulación estatal.
Qué viene ahora
Con el contrato aprobado, el próximo paso es profundizar el proceso licitatorio para buscar al operador estratégico. El mercado mirará dos variables: el esquema tarifario futuro y las obligaciones de inversión que impondrá la concesión.