El Gobierno nacional aprobó el texto ordenado del Marco Regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa que brinda servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, y así dio otro paso en el proceso de privatización iniciado este año. Asimismo, se autorizó el corte del servicio por falta de pago.
La medida se implementó a través del Decreto 805/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y todo el Gabinete.
El texto recuerda que la Ley Bases declaró a la empresa "sujeta a privatización", y que este proceso "deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión".
Asimismo, repasa que el proceso de traspaso se inició en agosto de este año y que, en dicho marco, "resulta necesario dar certeza jurídica del contexto normativo que rige la prestación del servicio público a cargo de esa sociedad, se considera indispensable avanzar en la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura".
Además, la resolución indica que se permitirá a la empresa interrumpir el suministro en casos de mora: después de 60 días de atraso para hogares y 15 días para otros usuarios, previa notificación con al menos siete días hábiles de anticipación.
El Gobierno remarcó que durante la revisión técnica del marco regulatorio detectó errores materiales en la normativa vigente, especialmente en el régimen tarifario relacionado con los “cargos por construcción”. Esos errores, argumenta el DNU en sus considerandos, alteraban la lógica histórica del sistema y generaban inconsistencias en la facturación entre usuarios medidos y no medidos.
De este modo, el nuevo marco regulatorio aprobado por el DNU 805/2025 integra todas las modificaciones hechas en los últimos meses, incluyendo los cambios que introdujo el Decreto 493/2025, que había ampliado el área de cobertura, actualizado normas técnicas y dejado preparados varios aspectos del servicio para la futura administración privada.
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La privatización de AySA
En agosto, a través de la Resolución 1198/2025, el Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas –a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria– a llevar adelante el proceso. También ordenó a la Secretaría de Obras Públicas preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, casi un mes después de que se autorizara la operación, determinó un plazo de ocho meses para completar la operación.
En dicho texto, el gobierno ratificó el proceso iniciado a mediados de julio y por el que se estableció que el 90% del paquete accionario de la empresa, hoy en manos del Estado, pasará a manos privadas. El 10% restante corresponde a los empleados de la sociedad adheridos al Programa de Propiedad Participada.
Semanas atrás, mediante el Decreto 494/2025 que autorizó la privatización, el Gobierno sostuvo que "la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional".
De esta manera, el Gobierno avanza con la privatización total de la firma considerando que "para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa".
Respecto del 10% del capital restante, se aclaró que continuará en manos de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada que la compañía ya tiene vigente.
Tras el anuncio de la privatización, diputados de Unión por la Patria presentaron una iniciativa para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025, en los que reforman el sistema de provisión de agua y comienzan el proceso de venta de AySA.
