El Gobierno de Javier Milei inició este martes el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Mediante la Resolución 1198/2025, se iniciaron los pasos para la venta del 90% de las acciones de la compañía al sector privado.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, casi un mes después de que se autorizara la operación, determinó un plazo de ocho meses para completar la operación.
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En dicho texto, el gobierno ratificó el proceso iniciado a mediados de julio y por el que se estableció que el 90% del paquete accionario de la empresa, hoy en manos del Estado, pasará a manos privadas. El 10% restante corresponde a los empleados de la sociedad adheridos al Programa de Propiedad Participada.
Este proceso de hará de dos formas: se venderá al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras el remanente de acciones se comercializará en la Bolsa.
Privatización de AySA: ¿qué ordena la resolución?
El Gobierno instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas –a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria– a llevar adelante el proceso. También ordenó a la Secretaría de Obras Públicas preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.
De igual forma, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá contratar a un banco estatal para la valuación del paquete accionario de AySA, concretar la venta en el plazo de ocho meses y ejecutar todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales las acciones que aún queden en poder del Estado.
El texto publicado este martes remarca que la tasación debe realizarse por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales y, si esto no fuera posible, podrá recurrirse a entidades internacionales o privadas, que no podrán intervenir en el proceso de adjudicación. De todas formas, la tasación conservará carácter de presupuesto oficial.
En paralelo, el Gobierno informó que el Tribunal de Tasaciones manifestó su “imposibilidad” de llevar adelante una valuación completa de la empresa en un tiempo “razonable”.
El esquema de venta combinará dos instrumentos, bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El vocero presidencial, Manuel Adorni, argumentó que el traspaso de acciones buscará "modernizar el sector" e incrementar la calidad y el valor del servicio.
Respecto del 10% del capital restante, se aclaró que continuará en manos de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada que la compañía ya tiene vigente.
Semanas atrás, diputados de Unión por la Patria presentaron una iniciativa para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025 que emitió el Poder Ejecutivo, en los que reforman el sistema de provisión de agua y comienzan el proceso de privatización AySA.
