La Justicia federal de San Isidro procesó al exdiputado José Luis Espert por el delito de lavado de activos en el marco de la investigación sobre una transferencia de dinero vinculada a una empresa relacionada con el empresario Federico "Fred" Machado. La resolución judicial incluyó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la imposición de una prohibición para salir del país.
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La causa judicial busca determinar el origen y el destino de los fondos transferidos y establecer si el exdiputado tuvo participación en operaciones destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal. En específico, la investigación se centra en los movimientos financieros relacionados con Machado, quien quedó bajo la lupa de los tribunales por sus presuntos vínculos con actividades criminales.
Origen de los fondos, vínculos internacionales y rechazo de nulidades
El expediente judicial intenta precisar el origen y el destino de u$s 200.000 que Espert habría recibido de parte de una firma radicada en Guatemala y vinculada a Machado, empresario que enfrenta causas en los Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y las maniobras de lavado de dinero.
El procesamiento se firmó luego de que la Cámarafederal de San Martín rechazara de manera definitiva los planteos de nulidad presentados por la defensa técnica del exdiputado y dejara firme la investigación por lavado de activos. El tribunal de alzada consideró que durante el proceso no se acreditaron irregularidades que justificaran invalidar las medidas de prueba producidas ni se demostró una afectación concreta a las garantías constitucionales del imputado.
Argumentos de la Alzada y medidas probatorias ratificadas
Entre los cuestionamientos formulados por los abogados defensores de Espert figuraban la toma de testimoniales sin notificación previa a la representación legal, la solicitud de informes sobre su patrimonio y la incorporación al expediente de reportes de inteligencia junto con el análisis de dispositivos electrónicos.
Sin embargo, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones concluyeron que la defensa no logró demostrar un perjuicio concreto que justificara anular las actuaciones instruidas en la causa. Con la decisión de la Cámara firme, la Justicia avanzó en el dictado del procesamiento y las medidas cautelares para asegurar la investigación y la eventual responsabilidad patrimonial del exdiputado.
