El gobernador Axel Kicillof quedó en el centro de una contradicción política difícil de disimular: mientras cuestiona los aumentos de tarifas que aplica Javier Milei y denuncia el impacto del ajuste nacional sobre los hogares, su propia administración apeló una cautelar que frenaba una nueva suba de la electricidad en la provincia de Buenos Aires. La presentación prosperó y la Justicia suspendió la medida que impedía aplicar el incremento.
La resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata habilitó la entrada en vigencia de un aumento de entre el 1,5% y el 3,5%, dispuesto a partir de agosto y que alcanza a cerca de 1,5 millones de usuarios. El fallo no resolvió la cuestión de fondo sobre la legalidad del procedimiento tarifario, pero dejó sin efecto, por ahora, el freno judicial.
El episodio abrió un frente político dentro del propio peronismo y expuso una tensión entre el discurso opositor de Kicillof frente al Gobierno nacional y las decisiones que toma en la administración bonaerense. La pregunta es inevitable: ¿Cómo se puede cuestionar el impacto social de los tarifazos de Milei y, al mismo tiempo, recurrir a la Justicia para que se aplique un aumento provincial que había sido frenado?
Mayra Mendoza salió al cruce y la UCR habló de tarifazo
La reacción más incómoda para el gobernador llegó desde el propio espacio político. Mayra Mendoza, diputada provincial de La Cámpora y exintendenta de Quilmes, compartió la información sobre la apelación con una pregunta que dejó expuesto su desconcierto: “¿Esto es real?”.
El mensaje hizo referencia a una publicación del periodista Pablo Lapuente, de Letra P, que señalaba que el gobierno bonaerense había apelado la cautelar pese a la intervención de la Defensoría del Pueblo provincial frente al aumento de las tarifas eléctricas.
La crítica no es menor: Mendoza pertenece a un sector del peronismo que mantiene diferencias políticas con Kicillof y que cuestiona el rumbo de su construcción política. La controversia tarifaria sumó así un nuevo elemento a las disputas internas, con una decisión de gestión que quedó bajo cuestionamiento desde las propias filas opositoras a Milei.
Desde la Unión Cívica Radical, el diputado provincial Diego Garciarena también cargó contra el Ejecutivo bonaerense. “El Señor Gobernador apeló la medida para defender el aumento y consiguió revocarla en la Cámara Contencioso Administrativa. Resumiendo: se viene un tarifazo en la luz para todos los bonaerenses gestionado y conseguido por el gobierno de la Provincia”, escribió en X.
La defensa de Kicillof: Milei, los subsidios y los costos nacionales
El gobierno bonaerense justificó la apelación al sostener que una parte determinante de los aumentos responde a decisiones del Gobierno nacional, entre ellas la quita de subsidios y las subas en los costos de generación y transporte de energía. Según los argumentos presentados por la Provincia, esos componentes representan el 40% del total de la factura y deben trasladarse automáticamente.
La administración de Kicillof también cuestionó la intervención del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, al considerar que su planteo se concentra en los componentes provinciales y deja de lado los aumentos nacionales. Además, advirtió que frenar la actualización de los cuadros tarifarios podía comprometer la cadena de pagos y la sustentabilidad del sistema eléctrico.
En el plano jurídico, el Ejecutivo defendió la validez del procedimiento administrativo aplicado durante la transición tarifaria y sostuvo que los valores autorizados se encuentran incluso por debajo de los contemplados en la Revisión Tarifaria Integral anterior.
La Provincia también argumentó que la participación ciudadana quedará garantizada en la audiencia pública convocada para diciembre de 2026, en el tramo final del proceso hacia una nueva revisión tarifaria.
Pero esa explicación no despeja el núcleo de la controversia política: aunque una parte de los costos eléctricos dependa de decisiones nacionales, fue el gobierno provincial el que apeló la medida que impedía aplicar el aumento bajo discusión. La responsabilidad por los componentes nacionales y la decisión de sostener el incremento provincial son cuestiones distintas, aunque la administración bonaerense las haya integrado en su defensa judicial.
Las tarifas bonaerenses, bajo comparación
Los valores de las facturas también aportan elementos al debate. Un seguimiento tarifario de julio de 2026 elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, permite comparar cuánto pagaba un hogar residencial con un consumo mensual de 300 kWh.
En distintas áreas de la provincia de Buenos Aires, las facturas promedio sin subsidios se ubicaban entre $63.165 y $83.818. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los valores eran de $50.300 en la zona norte y de $49.859 en la zona sur.
La comparación con otras jurisdicciones también muestra diferencias importantes. En Córdoba, la factura promedio alcanzaba los $83.307, mientras que en Mendoza llegaba a $93.520.
Con subsidios, en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires las facturas se ubicaban entre $56.174 y $59.355, frente a valores de $24.626 y $24.238 en las zonas norte y sur del AMBA, respectivamente.
Los datos corresponden a facturas finales promedio sin impuestos, según los cuadros tarifarios publicados al 10 de julio de 2026. Las diferencias entre zonas muestran que no existe un único valor para toda la provincia y que el peso de la electricidad sobre los hogares varía según la jurisdicción y el esquema tarifario aplicable.
La Fiscalía apeló, pero hay antecedentes de medidas consentidas
Otro punto de la controversia pasa por el papel de la Fiscalía de Estado bonaerense. El Ejecutivo justificó su intervención al sostener que debía recurrir la cautelar para evitar que la Provincia admitiera la improcedencia de la resolución que había autorizado el aumento. También argumentó que el freno a la actualización podía afectar los recursos destinados al mantenimiento, las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales del sistema.
Sin embargo, quienes cuestionan esa posición señalan un antecedente judicial de 2014, vinculado con el conflicto docente, en el que el entonces defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, promovió una causa y el juez dejó asentado que el fiscal de Estado se había presentado y había consentido la medida precautelar.
Ese antecedente demuestra que la Fiscalía no apeló aquella decisión, aunque no alcanza por sí solo para determinar qué obligación legal tenía en el expediente tarifario actual. La discusión, por lo tanto, no se agota en afirmar que el organismo debía recurrir necesariamente la cautelar.
También se cuestionó la similitud entre los argumentos presentados por la Fiscalía y los de las empresas alcanzadas por la actualización tarifaria. Según un dirigente peronista cercano a Cristina Fernández de Kirchner que sigue el expediente, la Provincia utilizó “los mismos fundamentos a los de las compañías para defender la aplicación de los aumentos”.
El mismo dirigente puso el foco en la tarifa social y advirtió que su monto nominal permanecía congelado mientras se habilitaban los nuevos cuadros tarifarios. Según su planteo, esa situación reduce progresivamente la capacidad del beneficio para aliviar las facturas de los hogares alcanzados.
El costo político de una contradicción
La resolución judicial dejó a Kicillof ante un dilema político que excede la discusión técnica sobre los costos de generación, transporte y distribución de electricidad. El gobernador sostiene que el ajuste nacional deteriora los ingresos de la población y cuestiona las subas tarifarias de Milei, pero su administración también defendió judicialmente un incremento que había sido frenado por una cautelar.
La decisión no convierte automáticamente a la política tarifaria bonaerense en equivalente a la nacional, ni elimina las responsabilidades del Gobierno central sobre los subsidios y los costos energéticos. Pero sí obliga a la administración provincial a explicar por qué consideró necesario recurrir la medida judicial y qué alternativas evaluó para proteger a los usuarios mientras se discutía la legalidad del aumento.
Con Mayra Mendoza marcando distancia, la UCR denunciando un nuevo tarifazo y los argumentos del Ejecutivo bajo escrutinio, el episodio amenaza con convertirse en otro capítulo de la disputa interna del peronismo. En una economía golpeada por los aumentos de los servicios, la contradicción entre el discurso político y las decisiones de gestión puede terminar pesando tanto como el porcentaje que finalmente aparezca en las facturas.
