En una jornada maratónica, la Cámara de Diputados le dio media sanción al nuevo proyecto de financiamiento para las universidades nacionales.
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También se aprobó la recomposición de los salarios docentes y no docentes.
El resultado fue contundente: 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. Faltó apenas un voto para alcanzar los dos tercios.
Diputados aprobó por mayoría el financiamiento a las universidades
En lo que respecta a las universidades, el proyecto establece una actualización automática del presupuesto en base a la inflación.
Primero propone recomponer lo perdido entre enero y mayo, y luego aplicar aumentos bimestrales hasta diciembre.
Además, prevé un esquema de actualización permanente para todo 2025, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
También ordena al Poder Ejecutivo mejorar los salarios de docentes y no docentes, tomando como base los haberes de diciembre de 2023.
Se establece un plazo máximo de 90 días para convocar a la paritaria nacional del sector, actualmente congelada.
Otro punto importante del texto es que se garantiza el financiamiento de programas esenciales que habían sido recortados, como las becas Progresar, el mantenimiento edilicio, los hospitales universitarios, comedores y servicios de conectividad.
Por otro lado, el proyecto restituye la autarquía del Banco Nacional de Datos Genéticos, por el cuál las Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron para marchar este miércoles desde el mediodía.
La decisión del Gobierno de cambiar su órbita al Ministerio de Defensa había sido duramente criticada por organismos de derechos humanos, científicos y familiares de desaparecidos.
Ahora, se establece que el BNDG volverá a depender del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y retoma su carácter de organismo descentralizado, con sede en el Hospital Durand.
La Libertad Avanza y el PRO votaron en contra, mientras que Unión por la Patria logró el respaldo de la UCR, Hacemos Coalición Federal, la izquierda y bloques provinciales.
Aunque el proyecto fue aprobado por amplia mayoría, no alcanzó los dos tercios necesarios para blindarse ante un eventual veto presidencial.
Desde Casa Rosada no descartan esa posibilidad, pero en la oposición ya anticipan que insistirán con una nueva sesión para ratificar la ley si eso ocurre.
Organizaciones marcharon al Congreso contra el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Agrupaciones que nuclean a las personas con discapacidad y bregan por sus derechos se movilizaron este martes hacia el Congreso de la Nación, en contra del veto a la Ley de Emergencia en el sector.
Más de 10.000 personas se movilizaron en el Congreso Nacional. La jornada tuvo replicas en todo el país contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán fueron algunos de los puntos de encuentro.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una de las entidades que participarán de la manifestación, “rechaza” el veto que el Gobierno Nacional anunció, tal como lo hizo con el aumento a los jubilados y la moratoria previsional, ambos proyectos aprobados por el Congreso.
“Presidente (Javier) Milei, ¿Cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?, ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?, ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”, cuestionaron desde el Foro.
Según el Foro, la emergencia en el área de discapacidad afecta a una diversidad de realidades. Describen que hay personas empleadas en talleres protegidos que actualmente perciben 28.000 pesos mensuales como ingreso. A su vez, resaltan que muchas personas aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos básicos y apoyos que les permitan condiciones de vida dignas. El comunicado advierte que también están en riesgo los servicios de acompañamiento integral y que numerosos prestadores enfrentan dificultades económicas que podrían llevarlos al cierre, dado que los aranceles no cubren costos esenciales de funcionamiento.
Además, representantes de diferentes organizaciones remarcaron que la situación de precariedad y desfinanciamiento incrementa la vulnerabilidad del colectivo, señalando que la emergencia abarca ámbitos laborales, sociales y sanitarios. Insisten en que la ausencia de respuestas estatales profundas agudiza las dificultades cotidianas para miles de familias en todo el país.
