La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una serie de fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habían ordenado actualizar las deudas laborales aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3% anual.
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En su lugar, el máximo tribunal resolvió que los créditos en juicios sin sentencia definitiva deben calcularse según los parámetros de la Ley de Modernización Laboral (27.802), sancionada en marzo de este año.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti argumentaron que sus sentencias deben contemplar las circunstancias existentes al momento de resolver, incluso si durante el proceso se aprobaron nuevas normas que modificaron el marco jurídico.
De esta manera, consideraron innecesario pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación y ordenaron dictar nuevos fallos conforme a la ley vigente.
"Licuación" de indemnizaciones: la Corte ordenó aplicar la reforma laboral en juicios en trámite
El artículo 55 de la reforma laboral establece un esquema de actualización con tres reglas: los créditos se ajustan por la tasa pasiva del Banco Central; el resultado no puede superar el cálculo del IPC más un 3% anual (el techo); y no puede ser inferior al 67% de ese último monto (el piso).
En la práctica, esto significa que los trabajadores cobrarán menos de lo que les correspondería si se aplicara directamente la inflación, una diferencia que, según la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas 7 de Julio, puede alcanzar el 33% del valor real de los créditos.
Desde el fuero laboral advierten que la norma establece diferencias entre trabajadores según el momento en que iniciaron sus juicios y genera un escenario de "incertidumbre absoluta".
"Muchos jueces ya de oficio decretan la inconstitucionalidad de esta norma", señaló el abogado Sergio Omar Rodríguez, quien también alertó sobre un posible aumento de la litigiosidad.
La decisión de la Corte Suprema representa un alivio para las empresas, que ven limitado el costo de los juicios, pero un duro golpe para los trabajadores que esperaban una indemnización acorde a la inflación acumulada durante el proceso judicial.
