La defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas desató un cruce con la derecha chilena. Legisladores del Partido Republicano, la fuerza del presidente José Antonio Kast, apuntaron contra el diputado peronista entrerriano Guillermo Michel por proponer una revisión de los acuerdos comerciales entre ambos países ante los vínculos económicos de empresas chilenas con el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde 1833. La respuesta incluyó acusaciones de “provocación” y reclamos para que la Cancillería chilena intervenga contra la iniciativa argentina.
El planteo del dirigente massista Michel apunta a revisar dos tratados bilaterales y evaluar el retiro de beneficios fiscales a empresas chilenas vinculadas con el comercio hacia Malvinas. El disparador fue el viaje previsto del buque chileno Danstar, que partiría en noviembre desde Punta Arenas rumbo a las islas. Para el legislador argentino, la discusión sobre la soberanía no puede quedar limitada al terreno diplomático: también debe alcanzar los circuitos comerciales que puedan contribuir a sostener la presencia británica en el Atlántico Sur.
La propuesta tocó un nervio sensible para el oficialismo chileno. Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, calificó el planteo como “bastante irresponsable” y reclamó precisiones sobre si se trataba de una posición oficial del Gobierno argentino.
Álvaro Carter fue todavía más lejos. El legislador habló de una “agresión directa” contra los acuerdos vigentes y exigió una reacción de la Cancillería: “Cancillería debe actuar con fuerza y defender los intereses nacionales ante esta nueva provocación argentina y evidente falta de respeto a los tratados vigentes”, sostuvo.
En la misma línea, Catalina del Real reclamó una “protesta diplomática enérgica”, mientras que Alejandro Riquelme, representante de la región de Magallanes, afirmó que “Chile no necesita pedirle permiso a nadie para ejercer sus derechos soberanos”.
Las declaraciones exhiben el rechazo de los legisladores republicanos a revisar los beneficios comerciales en juego. Pero también dejan expuesta la tensión de fondo: hasta dónde pueden llegar los acuerdos económicos entre países cuando sus efectos se vinculan con actividades en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina y que permanece bajo control británico.
Malvinas también se disputa en el terreno económico
La iniciativa de Michel busca correr el eje de una discusión que suele quedar circunscripta a las declaraciones diplomáticas. El diputado puso sobre la mesa la posibilidad de revisar instrumentos comerciales y fiscales para evitar que esos beneficios alcancen a empresas vinculadas con actividades económicas en las islas.
El debate se produce, además, mientras el Gobierno argentino realizó una nueva presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la explotación unilateral de hidrocarburos británicos en la Cuenca Malvinas Norte. La controversia vuelve a mostrar que la disputa por el archipiélago no se limita a la cuestión territorial: también involucra recursos naturales, navegación y relaciones comerciales.
En ese marco, la reacción de la derecha chilena frente a una propuesta de revisión de acuerdos bilaterales trasladó la discusión al plano político. Los legisladores republicanos defendieron los tratados vigentes y exigieron una respuesta diplomática, mientras el planteo de Michel busca que la defensa de la soberanía argentina tenga consecuencias concretas sobre los beneficios económicos que puedan favorecer actividades ligadas a la ocupación británica ilegal.
